Sociedad Civil Catalana (SCC) ha mantenido su petición de 5 millones de euros de forma conjunta y solidaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 10 excargos de la Generalitat de Cataluña por su presunta responsabilidad contable en el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la asociación, que ejerce la acusación popular en el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas, ha trasladado ya sus conclusiones a la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez.
La entidad atribuye a Puigdemont, al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al expresidente Artur Mas, y a los exconsejeros Dolors Bassa, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Francesc Homs, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Neus Munté cantidades individuales por conceptos concretos que supuestamente aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos, aunque todos deberán responder de forma solidaria al importe total de 5 millones de euros.
Cabe recordar que, al inicio del procedimiento, Sociedad Civil Catalana reclamó 5,3 millones a dichos excargos, pero en diciembre de 2022 rebajó su petición en 336.143,34 euros. Los encausados aportaron una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
SCC ha presentado su escrito de conclusiones ante el órgano fiscalizador después de que esta misma semana la Fiscalía comunicara que mantenía su petición de 3,1 millones de euros a Puigdemont y otros 34 excargos del Govern. El Ministerio Público reclama dicho importe de forma conjunta y solidaria tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros.
PENDIENTE DE LAS DEFENSAS
Según las fuentes del órgano fiscalizador consultadas, ahora que el Tribunal de Cuentas ha recibido la respuesta del fiscal y de Sociedad Civil Catalana prevé dar traslado a las defensas para que se pronuncien.
Cabe recordar que la consejera pidió informe a ambas acusaciones después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del ‘procés’, como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC.
Aunque el Tribunal de Cuentas emplazó a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana a que emitiesen sus conclusiones, ambas se pronunciaron en el marco de la vista del 17 de noviembre de 2023 y presentaron informes incluso antes.
