La población de Togo está llamada a las urnas este lunes para unas elecciones legislativas marcadas por el aplazamiento de la votación durante más de una semana y la reciente aprobación de una controvertida reforma de la Constitución que cambia el modelo presidencialista por uno parlamentario, lo que ha llevado a la oposición a denunciar que el objetivo es que el mandatario, Faure Gnassingbé, pueda eternizarse en el poder.

Las parlamentarias, que se celebrarán junto a las municipales, estaban previstas inicialmente el 20 de abril, si bien fueron postergadas a principios de mes, en medio de las tensiones en torno a la citada reforma de la Carta Magna, que finalmente salió adelante y concede el poder ejecutivo al jefe de Gobierno, reduciendo la Presidencia a un papel simbólico.

Los partidos opositores habían expresado la esperanza de que las elecciones les permitieran hacerse con un número suficiente de escaños en el Parlamento para evitar esta modificación constitucional –que requería una ‘súper mayoría’ de al menos el 80 por ciento–, si bien el aplazamiento electoral dio al legislativo margen para aprobar la enmienda, que sigue a la espera de la firma del propio Gnassingbé, ante la incertidumbre de si la estampará antes de que se conforme la nueva Asamblea Nacional.

La aprobación de la reforma desencadenó de nuevo llamamientos por parte de la Dinámica para la Mayoría del Pueblo (DMP) –integrada por seis partidos opositores y siete organizaciones de la sociedad civil– a favor de movilizaciones contra Gnassingbé, tildando la decisión del Parlamento de «golpe de Estado».

«Esta decisión tiene muchas consecuencias para nuestro país y para el futuro de nuestra democracia, dado que el objetivo buscado es la confiscación del poder por un clan y la presidencia vitalicia para una persona», dijo en un comunicado el frente No Toquen Mi Constitución, del que forma parte el DMP. «Es una maniobra política destinada a permitir al jefe de Estado mantenerse en el poder eternamente», criticó.

Gnassingbé es presidente de Togo desde 2005, cuando fue aupado al poder con apoyo del Ejército tras el fallecimiento de su padre, Gnassingbé Eyadéma, quien había estado al frente del país desde 1967, consolidando así una saga familiar al frente del país africano que se extiende desde hace cerca de seis décadas.

El padre del actual mandatario participó en dos golpes de Estado militares en 1963 y 1967 y se hizo con el poder tras la segunda asonada, cuando estableció un sistema de partido único de corte anticomunista en el marco de la Guerra Fría que se mantuvo hasta los años noventa, cuando se permitió el registro de otros partidos y se impuso en tres elecciones marcadas por las denuncias de fraude e irregularidades por parte de la oposición.

Tras su muerte, su hijo –hasta entonces ministro de Minas– fue rápidamente instalado en el cargo, si bien se vio forzado a dimitir 20 días después por las presiones por la sucesión y las dudas sobre la constitucionalidad del movimiento. Sin embargo, Gnassingbé se impuso en las elecciones celebradas un mes después, logrando otras tres reelecciones desde entonces en 2010, 2015 y 2020.

Los últimos comicios estuvieron marcados por una gran polémica, dado que su principal rival, el ex primer ministro Agbéyomé Kodjo, rechazó la victoria del mandatario y aseguró ser el «presidente electo», tras lo que fue detenido por las fuerzas de seguridad y, tras su liberación, se marchó al exilio, donde falleció en marzo de este mismo año.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La polémica reforma constitucional, aprobada el 19 de marzo por el partido gubernamental Unión para la República (UNIR) –en una votación que se saldó con 87 votos a favor y ninguno en contra–, ha marcado la campaña y ha sido objeto de críticas, especialmente porque elimina la posibilidad de que los togoleses voten directamente a su presidente, que será elegido por la Asamblea Nacional.

La votación salió adelante en parte facilitada por el hecho de que la oposición boicoteó las elecciones legislativas de 2018 denunciando irregularidades, lo que permitió a la UNIR contar con un peso aplastante en el Parlamento, que ha acometido finalmente una reforma que –tras la eliminación en 2002 del límite de dos mandatos en la Presidencia y su restauración en 2019– allana el camino al mandatario para permanecer en el puesto.

Asimismo, la reforma contempla que el mandatario del presidente pasará de cinco años a seis, con un límite de dos mandatos, al tiempo que establece un nuevo cargo ejecutivo, el de presidente del Consejo de Ministros, que permite al país dejar atrás un sistema presidencialista para pasar a uno parlamentario, algo defendido por la UNIR como un paso para democratizar Togo.

La persona que ocupe el cargo, equivalente al de primer ministro, será igualmente nombrado por la Asamblea Nacional, en la que el partido gubernamental aspira a mantener la mayoría este lunes, para un mandato de seis años que sería renovable siempre y cuando la citada formación mantenga la mayoría parlamentaria, interpretado como una puerta abierta para Gnassingbé.

De hecho, algunos sectores opositores han llegado a hablar de un intento por parte del jefe de Estado para replicar las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, quien fue elegido primer ministro tras llegar al límite de dos mandatos en 2008. Durante ese periodo, el presidente fue Dimitri Medvedev, que intercambió asiento con Putin hasta que pudo volver a presentarse a las elecciones cuatro años después.

La modificación se enmarca además en una tendencia durante la última década en el continente, donde alrededor de 15 presidentes han recurrido a cambios legales para eliminar o sobrepasar el límite de dos mandatos, y en medio de un repunte de los golpes de Estado militares en África occidental y central, con asonadas exitosas desde 2020 en Malí, Guinea, Burkina Faso, Chad y Níger.

Estos golpes militares fueron justificados en parte por el aumento de la inseguridad a causa de los ataques por parte de grupos yihadistas, incluidas las ramas regionales de Al Qaeda y Estado Islámico, una amenaza que ha sacudido el norte de Togo durante los últimos años. De hecho, el Parlamento togolés aprobó en marzo una prórroga de un año del estado de emergencias en la región de Sabanas (norte) ante la amenaza terrorista.

AUMENTO DE LA REPRESIÓN

Las elecciones, para las que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) –cada vez más criticada por lo que la oposición percibe como un sesgo favorable a las autoridades– ha negado la acreditación de observación electoral a la Conferencia Episcopal togolesa, tendrán lugar además en un contexto de creciente represión por parte del Gobierno.

Amnistía Internacional indicó en su reciente informe sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo que las autoridades de Togo «reprimieron» en 2023 «las libertades de expresión y asamblea», mientras que «la libertad de los medios fue amenaza, con periódicos suspendidos y periodistas condenados a penas de cárcel por ‘difamación’ y publicar ‘noticias falsas'».

La votación se celebra además después de que la oposición haya perdido en los últimos meses a dos de sus figuras más visibles: Kodjo, muerto en marzo a los 69 años, y el arzobispo emérito de Lomé, Philippe Kpodzro, fallecido a los 93 años en Suecia, donde se encontraba igualmente exiliado a raíz de la campaña de represión tras los citados comicios de 2020.

Kodjo, quien fue primer ministro entre 2000 y 2022 durante el mandato de Edayéma, había regresado en 2005 al país para unirse a las filas opositoras y finalmente presentó su candidatura bajo la coalición Dinámica Monseñor Kpodrzro (DMK), apoyada precisamente por el arzobispo emérito, quien fuera uno de sus mentores políticos.