El atestado del informe policial de la causa que ha desembocado en la detención y encarcelamiento de seis excargos del Gobierno melillense entre los días 5 y 6 de marzo ha subrayado el riesgo que ha supuesto para la investigación la comprobación de una filtración desde la propia Policía Nacional.
Según el documento judicial consultado por Europa Press, que contiene dicho atestado elaborado por distintas unidades de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, comunican a la jueza que «se debe señalar unos hechos graves, referidos al perjuicio causado a la investigación en curso, que se vio comprometida y perjudicada, por las filtraciones perfectamente acreditadas, que partieron de la propia institución policial».
El informe, realizado por la UDYCO, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros y la Policía Judicial, entre otros, ha detallado que el operativo policial de 23 de mayo de 2023 contra la supuesta compra de votos de CPM en las elecciones del 28 mayo de aquel año, que se saldó con diez detenidos, «estaba previamente anunciado y conocido por algunos de los investigados», conforme al mensaje de WhatsApp de «uno de los principales líderes de la organización criminal».
Para la investigación «dicho mensaje responde a la citación de una unidad de personal policial uniformado, que fue la única unidad que se le convocó a las 6.00 horas y posteriormente recibieron Ia contraorden de inicio del operativo a las 7.00 horas, filtración que ha perjudicado las diligencias ordenadas por su autoridad, dado que algunos de los investigados huyeron», llevándose consigo lo que hubiese de interés para la investigación.
Al respecto, ha apuntado que «los datos informados permiten inferir que, atendiendo a la dinámica operativa que se estableció ese día, algún funcionario policial que participó, tuvo conocimiento o informó a una tercera persona de la existencia del operativo».
El atestado policial ha apuntado igualmente que también pudo producirse una filtración en el operativo del 5 de marzo de este año, que llevó a la detención de varios ex consejeros de CPM del anterior Gobierno que compartieron entre junio de 2019 y mayo de 2023 con PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos).
«DAÑO IRREPARABLE»
«Atendiendo a los hechos e informaciones recibidas por los investigadores en los últimos días, que su autoridad debe conocer -comunican a la jueza- todo apunta a que se han producido filtraciones con respecto al desarrollo del operativo policial del día 05/03/24 y podrán tener su origen en las conexiones de la organización criminal, dentro de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, filtraciones que podrán haber causado nuevamente un daño irreparable a la investigación, reproduciéndose nuevamente el episodio acaecido en las diligencias practicadas el día 23/05/23».
La investigación informa a la autoridad judicial que «se han recibido informaciones confidenciales relativas a que los investigados conocen de la existencia de un dato muy concreto del fraude informado de unos 6 millones de euros y esas mismas fuentes hablan de la existencia de un próximo operativo policial y atendiendo al contenido de la información filtrada, los investigadores consideramos que dicha filtración procede de la institución policial».
Por ello, ha resaltado que «esta información otorga veracidad a lo informado por los investigadores: la organización criminal está muy asentada, organizada y cuenta con apéndices dentro de la institución policial y que por ello, es probable que las investigaciones no practicadas se vean condicionadas y perjudicadas, ya que en ningún caso la organización criminal va a permanecer al margen, máxime atendiendo a las altas penas que conllevan las condenas de los delitos investigados».
Desde los días 5 y 6 marzo se encuentran en prisión el expresidente de Melilla entre 1999 y 2000 y actual presidente de CPM Mustafa Aberchán; los exconsejeros del Gobierno melillense entre junio de 2019 y mayo de 2023 Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio), Rachid Bussián (Urbanismo, Infraestructuras y Deportes), Hassán Mohatar (Medio Ambiente) y Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud).
En libertad provisional desde el 7 de marzo se encuentra la ex viceconsejera de Vivienda Yonaida Sel-lam tras pagar una fianza de 5.000 euros después de pasar una noche en el Centro Penitenciario de Melilla, mientras la exconsejera Cecilia González y la exviceconsejera Fatima Mohamed Kaddur quedaron en libertad provisional tras ser detenidas el 6 de marzo.
Todos ellos están acusados de la presunta comisión de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.
