Tucson (EE.UUU.), 24 abr (EFE).- La Cámara de Representantes de Arizona (EE.UU.) aprobó este miércoles una legislación que se espera derogará una ley estatal de 1864 que impone una prohibición casi total del aborto en ese estado.
Con el apoyo de tres legisladores republicanos, los demócratas de la Cámara Baja, que son minoría, lograron en su tercer intento tumbar la ley restablecida tras una decisión de la Corte Suprema de Arizona el pasado 9 de abril.
Con 32 votos a favor y 28 en contra se aprobó el proyecto que tumba la medida de la época de la Guerra Civil que convertía el aborto en un delito grave punible con dos a cinco años de prisión para la mujer que aborte o cualquiera que le ayude.
La única excepción contemplada permite el aborto cuando la gestante esté en serio peligro de perder la vida.
Se prevé que la ley, aprobada antes de que Arizona se convirtiera en estado y que las mujeres tuvieran el derecho al voto, entre en vigor nuevamente el próximo 8 de junio.
El restablecimiento de esa medida representó un golpe para los derechos reproductivos de las mujeres en este estado, pero también se ha convertido en un obstáculo de algunos de los candidatos republicanos para no perder posibles votantes.
La propuesta aprobada este miércoles se prevé que eliminará la antigua legislación y la reemplazará por una que fue aprobada en 2022 por la misma legislatura estatal que permite el aborto hasta las primeras 15 semanas de embarazo y establece excepciones por violación, incesto o peligro de muerte para la madre.
Los demócratas en el Senado de Arizona también lograron la semana pasada sumar dos votos conservadores a favor de una moción para presentar un proyecto de ley que derogaría la prohibición del aborto. Se espera que la próxima semana el Senado de Arizona evalúe nuevamente el proyecto.
Además, la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, ha prometido que firmará la propuesta en caso de llegar a su escritorio.
También firmó una orden para prohibir que médicos puedan enfrentar cargos por practicar abortos y que esta decisión quede en manos de la fiscalía estatal y no de los condados.
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