El presidente de Túnez, Kais Saied, ha pedido este lunes el «desmantelamiento» de organizaciones que «fingen concurrir a las próximas elecciones presidenciales» pero que en realidad pretenden satisfacer su «ambición» personal, unas declaraciones que se dan unas semanas después de la imputación por terrorismo de varios líderes opositores.
«(Hay) redes que deben ser desmanteladas, especialmente aquellas vinculadas a personas que se reúnen todos los días y fingen concurrir a las próximas elecciones presidenciales», ha declarado durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, según la agencia estatal de noticias, TAP.
En ese sentido, Saied ha asegurado que a este grupo de personas solo les importa llegar a la Presidencia del país y que han ignorado los comicios a nivel local y legislativo, razón por la que cree que se trata de una forma de satisfacer sus propias «ambiciones» sin ningún «sentido de la responsabilidad».
«Ningún ciudadano tunecino acepta la traición a la patria y la caída en manos de extranjeros. El patriotismo no significa nada para aquellos que se postulan a las próximas elecciones presidenciales», ha añadido el mandatario, y ha resaltado que el país no puede «ser explotado por nadie» y que sus decisiones emanan de «su pueblo y sus demandas».
Por otro lado, Saied ha defendido que la libertad de expresión no puede ser usada para «insultar al Estado», y ha destacado que este tipo de derechos están protegidos en la Constitución del país, aunque no «hay sitio para filiaciones extranjeras y portavoces fanáticos y pagados».
Estas palabras hacen referencia al periodista Mohamed Boughalleb, quien fue condenado a mediados de abril a seis meses de prisión por insultar a un funcionario público.
Cabe destacar que el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) ha alertado de la situación «sombría» del periodismo en el país norteafricano, especialmente a causa del aumento de enjuiciamientos a periodistas en el último año, por las «leyes represivas» que no regulan la profesión periodística.
También a mediados de abril, un tribunal imputó a varios líderes opositores –entre los que destacan el líder del Partido Republicano, Issam Chebbi; al de Corriente Democrática, Ghazi Chauachi; y Abdelhamid Jelassi, uno no de los líderes de Ennahda– por una serie de cargos que incluyen la conspiración y el terrorismo contra el Estado, que suponen la pena de muerte.
Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.
La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años una deriva autoritaria del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas, así como las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.
