Madrid, 4 abr (EFE).- El Gobierno ha reconocido la demolición o retirada de 328 «barreras transversales» o infraestructuras hídricas «sin uso» y que «suponen obstáculos a la circulación del agua» para «fomentar la adaptación al cambio climático» en un total de 33 provincias durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
Así se recoge en su respuesta parlamentaria a la pregunta presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de febrero por varios representantes del grupo parlamentario Vox, que solicitaron información concreta y con desglose por provincias de este tipo de actuaciones.
Por provincias, el mayor número de infraestructuras fueron derribadas en Guipúzcoa (73), Asturias (59), Cantabria (28), Lugo (22), Navarra (16), León (13) y Sevilla (11).
Sólo en dos de ellas -Gerona y Guipúzcoa- se intervino durante cada uno de los últimos cinco años, mientras que en otras tres -Albacete, Orense y Pontevedra- fueron derribadas algunas durante cuatro años y en tres más -León, Madrid y Vizcaya- durante tres años; el resto de provincias afectadas contaron con uno o dos años de intervenciones.
Por temporadas, 2022 ha sido el de mayor número de actuaciones (141), seguido de 2021 (105) y 2019 (34), mientras que a día de hoy se están recopilando los datos correspondientes al año 2023.
En su contestación, el ejecutivo afirma haber inventariado más de 19.000 obras transversales de este tipo en el conjunto de las masas de agua que forman los cauces de las cuencas intercomunitarias, de las cuales «la mayoría son pequeñas obras de altura media inferior a dos metros» como, por ejemplo, antiguos azudes de derivación, pequeñas represas, vados, pasos de puentes, pasarelas u obras de drenaje formadas por tubos, que «apenas embalsan agua».
Se trata de estructuras «de una escala y dimensiones totalmente distintas a los grandes embalses», porque según el Gobierno «nunca se ha demolido en España ninguna gran presa que tenga un uso del agua asociado y que se encuentre en adecuado estado de conservación».
La ejecución de estas intervenciones obedece al Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio que aprueba el desmantelamiento de cualquier obra o instalación en el dominio publico hidráulico que no tenga ningún uso hoy por hoy, con objeto de restaurar el estado original «tanto por motivos ambientales como por motivos de seguridad de las personas y bienes».
La recuperación de la continuidad fluvial se considera «una herramienta esencial para la consecución de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica» ya que permitirá una mejora de las poblaciones de especies asociadas a los ríos -en especial, peces y anfibios- y del tránsito sedimentario, así como a disminuir los riesgos de inundación. EFE
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