En una semana marcada por varias acciones operativas, preventivas y de control, las autoridades de Barranquilla lograron avances en la lucha contra el contrabando de mercancías. Como parte de una colaboración entre, la Policía Nacional, a través de su división de Policía Fiscal y Aduanera, junto con la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación, se desplegaron una serie de operativos que arrojaron importantes resultados.

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El valor en el mercado de los artículos incautados supera los 349 millones de pesos – crédito Luisa González/REUTERS (LUISA GONZALEZ/)

En el transcurso de estos procedimientos, se confiscaron 4.754 cajetillas de cigarrillos, 1.040 pares de calzado y 581 unidades de tóner y tintas para impresora, cuyo valor en el mercado supera los 349 millones de pesos. Estos artículos fueron decomisados durante una diligencia de registro y allanamiento, así como en controles realizados en establecimientos abiertos al público y patrullajes urbanos en el área metropolitana de la ciudad.

La Policía Fiscal y Aduanera destacó que, tras inspeccionar las mercancías, se constató la ausencia de la documentación necesaria para su ingreso legal al territorio aduanero nacional. Este tipo de actividades, enfatizó la institución, “contribuyen a evitar la entrada, distribución y comercialización ilegal de productos, protegiendo el orden económico y social del país”.

La policía hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando – crédito Policía Nacional

En este contexto, la Policía hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando a través de la línea anti-contrabando 159 o mediante el correo electrónico [email protected], garantizando la confidencialidad de la información proporcionada.

Las autoridades indican que este delito tiene varios impactos, como lo son que a nivel económico, la entrada ilegal de productos afecta directamente a los productores y comerciantes locales, al competir deslealmente con sus productos legales. Además, a nivel fiscal, priva al Estado de importantes ingresos fiscales que podrían destinarse a programas de desarrollo social, infraestructura y servicios públicos.

Contrabando el flagelo de Barranquilla

El pasado 4 de abril de 2024, otro hecho relacionado con el mismo delito sacudió a Barranquilla. Las autoridades revelaron un entramado de lavado de dinero relacionado con el contrabando. En esta ocasión, un funcionario de la Dian y su familia fueron detenidos por presuntamente blanquear activos provenientes del contrabando, mediante actividades ganaderas que habrían permitido lavar más de 5.900 millones de pesos.

La captura de Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, empleado de la Dian en el aeropuerto de Barranquilla, junto con su esposa e hijos, se llevó a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. En el operativo, se incautaron divisas, efectivo, joyería y documentos cruciales para las pesquisas.

Las autoridades estiman que se lavaron activos por 5.900 millones de pesos – crédito Fiscalía

Según las investigaciones, Domínguez Rodríguez habría facilitado el contrabando a través de la omisión de controles, recibiendo grandes sumas de dinero que luego invertiría en el sector ganadero y la adquisición de propiedades, así como vehículos de transporte público en la ciudad. Para legalizar estos bienes, algunos fueron registrados a nombre de terceros.

Las autoridades estiman que se lavaron activos por 5.900 millones de pesos y se obtuvo un enriquecimiento injustificado de 5.100 millones de pesos desde 2020. En consecuencia, un fiscal contra el Lavado de Activos imputó a los cinco detenidos los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos y permanecerán bajo arresto domiciliario por orden judicial.

Simultáneamente, se aplicaron medidas cautelares de suspensión de dominio, embargo y secuestro a una serie de propiedades rurales y urbanas, vehículos y ganado, valorados en aproximadamente 5.700 millones de pesos, pertenecientes a Domínguez Rodríguez y otros miembros de su familia, los cuales pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).