El Consejo de Ministros de Líbano ha dado orden al Ministerio de Exteriores para que presenta una declaración ante el Tribunal Penal Internacional por el que acepta la jurisdicción de la corte «para investigar crímenes ocurridos en territorio libanés» desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre.
El conflicto, que comenzó con la matanza de 1.200 personas en Israel a manos de milicias palestinas, ha continuado con una campaña de bombardeos y ataques terrestres de Israel en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 33.400 palestinos muertos y casi 78.000 heridos.
La guerra se reprodujo inmediatamente en la frontera entre Líbano e Israel con intercambios de artillería entre el Ejército israelí y las milicias del partido chií Hezbolá, que han dejado 40 civiles libaneses y 240 guerrilleros muertos, así como nueve civiles y más de una decena de militares israelíes fallecidos.
La ONG Human Rights Watch ha documentado en particular dos ataques israelíes ocurridos en Líbano el 13 de octubre del año pasado que causaron la muerte al periodista de la agencia Reuters Isam Abdulá y dejó otros seis heridos en lo que podría constituir a juicio de HRW un crimen de guerra. En noviembre, HRW documentó otro ataque que costó la vida de tres niños y de su abuela.
Además, tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional aseguran que el Ejército israelí ha empleado fósforo blanco en sus operaciones en Líbano, un «arma incendiaria de carácter indiscriminado», directamente contra poblaciones civiles. Esta circunstancia, aseguran, contraviene el derecho internacional humanitario»,
HRW explica que esta declaración capacita a la Fiscalía del TPI a investigar «graves crímenes cometidos en Líbano», sin importar la nacionalidad de los sospechosos, en lo que la directora de la ONG para Oriente Próximo, Lama Fakih, se trata de un «hito histórico» a la hora de «garantizar justicia para los crímenes de guerra cometidos en el país», incluidos aquellos «cometidos por las fuerzas israelíes».
