La Procuraduría General de Perú ha solicitado este lunes el inicio de una investigación contra el ex primer ministro Alberto Otárola y el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Rogerd Arista Perea, ambos acusados de supuesto espionaje al controlador general, Nelson Shack.
El organismo ha indicado que la solicitud de inicio de diligencias preliminares se debe a «los presuntos delitos de peculado de uso y otros», y se basa en información periodística y recabada de portales institucionales que apuntan a un «presunto uso indebido de vehículos y recursos humanos asignados a la DINI» en un «reglaje» a Shack.
Así, la Procuraduría se ha hecho eco del informe del diario andino ‘La República’ que informaba de la presencia de dos vehículos del DINI que se encontraban en las afueras de la vivienda del controlador a finales de octubre de 2023. Además, detectaron un dron que supuestamente estaba siendo operado por los ocupantes de los coches.
Cuando los agentes de seguridad se acercaron a los vehículos a indagar, vieron que las matrículas pertenecían a la compañía Negocios y Servicios de Alquiler SAC, firma bajo control de un funcionario de Contrainteligencia de la DINI. Ante esta situación, Shack informó de lo ocurrido a Otárola, sin que diera explicaciones claras.
El ministro de Justicia peruano, Eduardo Arana, ha pedido a la Fiscalía que se investigue la denuncia, asegurando que el Gobierno de Dina Boluarte está en contra de estos hechos. «No solamente rechazamos, sino que reclamamos una investigación célere. Instamos a la Fiscalía de la Nación a que actúe contra aquellos que resulten responsables», ha declarado.
Por otro lado, el ministro del Interior, Walter Ortiz, ha afirmado que desconoce si se produjo o no una vigilancia no autorizada hacia Shack, pero ha aclarado que ha pedido una investigación a las entidades de la Policía Nacional. «Nosotros, al tomar conocimiento de esta información, dispusimos el inicio de una investigación a través de la Comandancia General, y dando las pautas a la Inspectoría General», ha agregado.
Otárola presentó a principios de marzo su renuncia al cargo tras el escándalo surgido en los últimos días respecto a una supuesta contratación irregular que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación en su contra. Al conocerse la noticia, Otárola afirmó que entendía «la gravedad de la coyuntura política» y señalaba que no había «cometido ningún acto ilegal».
El Ministerio Público le investiga como presunto instigador del delito contra la administración pública por negociación incompatible y como autor del delito contra la administración pública por patrocinio ilegal, por la contratación de Yazire Pineado Vázquez, mujer con la que tuvo una relación sentimental, en el Ministerio de Defensa.
