El Alto, 23 de mayo de 2023 (ABI). – Una nueva denuncia sobre encubrimiento de violación, pederastia y abuso sexual pesa ahora sobre religiosos de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.
El representante legal de las víctimas, Marvin Astorga, presentó este martes su denuncia pública en la ciudad de El Alto, acompañado del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Astorga, director de la empresa jurídica, acusó al obispo de San Ignacio de Velasco, Robert Herman F., por encubrir a los religiosos de su orden que incurrieron en violación, pederastia y abuso sexual.
“(Él) ha tenido conocimiento de la violación a una niña de aproximadamente 10 años, en la comunidad de Roboré por el padre Eulalio, quien tuvo que ser encarcelado en Palmasola, pero a menos de tres años del suceso, se reveló que obtuvo su libertad”, denunció el jurista.
Recordó que este hecho ocurrió en 2020, cuando el párroco de San Matías agredió sexualmente a la pequeña que se preparaba para su primera comunión, las investigaciones revelaron que las agresiones se registraron desde que la menor tenía siete años. “Llama la atención que, como obispo, el señor Herman no hizo nada para buscar justicia para esta niña”, condenó la parte denunciante.
Otro caso es sobre la violación a una misionera, cometida por el sacerdote argentino José Mario Paz, hecho que fue denunciado en 2017, y que el obispo señaló -en su momento- que se trataba de una “estrategia” para vivir “a costa de la Iglesia”.
En aquella oportunidad, colectivos y familiares de la misionera denunciaron al sacerdote José María por doparla y violarla en San José de Chiquitos.
“Fue noticia en su momento (…) el caso quedó cerrado”, lamentó Astorga repudiando la “pasible actuación del obispo”, quien no hizo nada y, por el contrario, intimidó a la víctima para que cierre el caso.
Apropiación del patrimonio del Estado
El jurista señaló también que lleva años denunciando los abusos de poder de religiosos de la Iglesia Católica, quienes en diversos arzobispados están “apropiándose del patrimonio del Estado”.
“Estamos denunciando que nuestro Estado no solamente ha sufrido el embate de personajes dentro de la Iglesia, que han dañado y han lacerado los derechos de mujeres y de niños en el ejercicio de sus funciones como clérigos (…). Estamos señalando también, con documentación, que la Iglesia Católica le ha cercenado al Estado su patrimonio cultural arquitectónico declarado por la Unesco”, reprochó Astorga.
Explicó que este hecho ocurrió desde 2019 y que se tiene a nombre de la Iglesia más de 100 propiedades y que ahora opera como “terrateniente”, por lo que cuestionó si esa es la misión evangelizadora de los clérigos.
Por su parte, el procurador Chávez afirmó que se coordinará con la Fiscalía General del Estado la investigación de esas “graves denuncias”, tanto por encubrimiento, violación y abuso sexual.
Remarcó que esta investigación no es contra la Iglesia, sino contra las personas que incurren en delitos.
“Vamos a coordinar con el Ministerio Público, vamos a ver qué paso con estos casos, que eran de conocimiento público (…). El encubrimiento nuevamente de una autoridad que debía haber operado y protegido a la víctima, en lugar de ello se estaba dedicando al tema del patrimonio”, enfatizó Chávez.
