Aproximadamente una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo son migrantes víctimas de explotación laboral y abusos de derechos, según el estudio ‘Esenciales pero invisibles y explotados’, publicado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón.
En la actualidad, 2,4 millones de personas migrantes trabajan en la cosecha de frutas y verduras en Europa. Según las últimas estadísticas, son una de cada cuatro personas empleadas en el sector, pero, como han alertado los investigadores, «en realidad podrían ser muchos más», ya que no se incluye a quienes están empleados de forma no estacional, contratados a través de agencias intermediarias y los que no tienen papeles.
El informe se ha realizado a través de la revisión de textos académicos que incluyen los términos «trabajador migrante» y «agricultura» o asociados, publicados entre 2018 y 2023. También se han consultado documentos redactados por actores no académicos, como organizaciones. Los autores analizaron la literatura identificada a través de la extracción de aquellos fragmentos que hablan de: condiciones laborales, transporte, residencia, salud y seguridad en el trabajo, entre otros.
Así, tras la investigación, el estudio constata una «violación sistémica» de los derechos de los trabajadores migrantes, según la legislación laboral y de derechos humanos de la Unión Europea en los nueve países estudiados: los cinco mayores productores de fruta fresca y verduras en Europa –España, Italia, Francia, Polonia y Finlandia–, dos países del norte del continente para abarcar todo el espacio continental –Finlandia y Suecia– y Alemania y Grecia, por los programas de migración temporal en su sector agrícola.
«Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea», ha afirmado el investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe, Carlos Ruiz. «Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales», ha apostillado.
SALARIOS INFERIORES AL MÍNIMO, MÁS BAJOS EN LAS MUJERES
En los nueve países examinados, a excepción de Finlandia, las personas migrantes «habitualmente» reciben salarios inferiores al salario mínimo y las mujeres suelen recibir salarios más bajos. La investigación refleja, además, una «crónica desigualdad de género»: por ejemplo, en la región española de Huelva, la mitad de las mujeres participantes en las investigaciones analizadas afirmaron ganar menos que sus homólogos masculinos, mientras que en Italia, las trabajadoras migrantes afirman ganar hasta un 30% menos que los hombres.
«Pese al rol estructural que cumplen los migrantes en el sostenimiento de la producción agroalimentaria europea, y que llevó tanto a los Estados como a la propia UE a declararles como trabajadores esenciales durante la pandemia, son un colectivo sometido sistemáticamente a lógicas de explotación», ha denunciado el investigador senior del IUEM-Comillas y coautor del informe, Yoan Molinero Gerbeau.
El estudio concluye que los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector agroalimentario europeo. Así, los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular se enfrentan un mayor riesgo de explotación debido a su situación laboral precaria. El caso más extremo registrado es el de jornaleros tailandeses que trabajan en Suecia entre 12 y 19 horas seis días a la semana.
El documento también menciona otros factores que agravan la precariedad laboral, como los abusos de intermediarios, «el trabajo a destajo» que, como han destacado los autores del estudio, lleva a la auto explotación o las imposiciones de mayoristas o supermercados, especialmente los pedidos de última hora.
ALOJAMIENTO PRECARIO Y DESAFÍOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD
El alojamiento, según indican, suele ser «precario, superpoblado, caro y está aislado de los núcleos poblacionales». Algunas trabajadoras han denunciado casos de chantaje sexual por parte de los supervisores de alojamiento.
Asimismo, hay trabajadores que viven en asentamientos marginales improvisados que carecen de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos y donde existe riesgo de enfermedades e incendios, ya sean accidentales o provocados. Algunos trabajadores también se encuentran sin hogar.
En general, el aislamiento al que son «sometidos», como han denunciado los investigadores, dificulta que los trabajadores conozcan la lengua o la sociedad locales, lo que implica «mayor vulnerabilidad frente al control ejercido por parte de los empleadores».
«La extrema precariedad de los alojamientos en los que estos trabajadores y trabajadoras residen revela la desidia por parte de empresarios y poderes públicos de hacerse cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado», ha asegurado Molinero.
Además, el documento revela que los accidentes y lesiones «son frecuentes» debido a que los empleadores «habitualmente» no brindan la formación y el equipo de protección adecuados, «especialmente en España e Italia». Caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y heridas por uso inadecuado de la maquinaria son algunos de los ejemplos.
Como han detallado los autores del documento, hay casos documentados de trabajadores envenenados por el uso de productos fitosanitarios y denuncian un caso «extremo» que se produjo en Murcia, donde un hombre murió después de no recibir agua durante un día completo de trabajo en el que el calor alcanzó los 44 grados.
«Las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola enfrentan numerosos desafíos para acceder a los servicios de salud, desde la falta de información sobre sus derechos hasta barreras administrativas y lingüísticas. Muchos no pueden registrarse en los sistemas de salud debido a la falta de una dirección fija, y aquellos empleados temporalmente a menudo están excluidos de la cobertura sanitaria» ha apostillado Ruiz.
En ese contexto, la UE ha aprobado una directiva de Debida Diligencia que obliga a las empresas a respetar los derechos de personas y medio ambiente en toda la cadena de valor. Estas reglas, como han detallado los investigadores, facilitarán el acceso a la justicia y la compensación a los sobrevivientes, así como la obligación de la agroindustria y los minoristas de prevenir y asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos.
«Los líderes europeos ya no pueden ignorar la explotación que acecha en la industria agrícola y que se cuela en el carrito de compras de todos los europeos. Pero hay esperanza con la nueva legislación de la UE sobre cadenas de suministro: podría poner fin a la explotación, si los países europeos la transponen e implementan correctamente», ha concluido Ruiz.
En sus conclusiones, el estudio aboga por fomentar la presencia de las personas migrantes en las estructuras sindicales, garantizar que las personas migrantes reciban formación en un idioma que comprendan y dispongan del equipo que necesitan y que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) tengan en cuenta el respeto de normas laborales y sociales por parte de sus receptores.
