Un juez anticorrupción y contra el crimen organizado ha admitido la petición de la Fiscalía de Ecuador de llamar a juicio a doce personas acusadas de participar a principios de enero en el asalto a las instalaciones del canal TC Televisión en el norte de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el este de un país, en medio de una oleada de violencia y de inseguridad.
«La Fiscalía emitió su dictamen acusatorio contra doce procesados por el delito de terrorismo, tras su presunta participación en la toma de las instalaciones de un medio televisivo en el que amenazaron y agredieron a personal técnico y periodístico. Los involucrados pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada», reza un comunicado de la Fiscalía ecuatoriana publicado en su cuenta de la red social Facebook.
La decisión ha llegado después de que la unidad encargada de investigar el caso haya presentado informes de audio y vídeo, así como el testimonio de uno de los periodistas agredidos y la denuncia presentada por los directivos de la cadena, entre otro tipo de pruebas tales como reconocimientos balísticos, armas, municiones o teléfonos móviles.
El juez también ha decretado prisión preventiva para los doce acusados, identificados como Manuel G., Juan P.A., Joshua S.R., Jordan T.P., Miguel B.P., Juan M.C., Jonathan M.P., Charles S.V., Jorge A.S., José O.T. y Adán Q.S., mientras que ha mantenido la orden de captura y alerta roja internacional para William Jofree A.B., supuesto líder de la organización responsable del ataque.
En el contexto de este caso ya han sido sentenciados a ocho años de internamiento preventivo dos menores de edad, de 15 y de 17 años, por delitos de terrorismo.
Cabe destacar que el fiscal César Suárez, que investigaba este mismo caso, fue asesinado a tiros tras salir de la sede de la Policía Judicial de Guayaquil. Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas por su presunta implicación.
La actual situación de violencia e inseguridad en Ecuador estalló después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un «conflicto interno armado» debido a la actividad de grupos armados, considerados a partir de ese momento como «terroristas».
