El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a contemplar penas de prisión para las personas que practiquen terapias de conversión.
La iniciativa, para su debate y aprobación en Comisión de Igualdad. En ella, reclama así impulsar la modificación del Código Penal para introducir un nuevo artículo que contemple penas de prisión «para quien dolosamente infligiera, practicara, llevara a cabo o realizare Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) o las llamadas terapias de conversión».
La formación explica en la exposición de motivos que sería un «avance importante» la persecución penal de las terapias de conversión. Además, destaca que, con esta modificación, se garantiza la participación de la sociedad civil en los procedimientos de investigación y enjuiciamiento.
También recuerda en la exposición de motivos que en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI prohíbe expresamente la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o su representante legal.
Asimismo, explica que la ley contempla como infracciones administrativas muy graves «la promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales».
En este sentido, añade que, en España, diferentes medios y asociaciones han reportado que actualmente se lleva a cabo «una práctica y promoción sistemática y alejada del escrutinio público de terapias de conversión por agrupaciones de vinculación religiosa, así como por colectivos contrarios a los derechos de las personas LGTBIQ+».
MÁS DE 400 PERSONAS AFECTADAS
Igualmente, agrega que según la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, se han identificado más de setenta profesionales y agentes privados que practican de impune terapias de conversión en la actualidad. Además, apunta que estiman que el número de personas afectadas supera las 400 personas.
«Dada la inexistencia de datos públicos, así como el contexto de opacidad en el que se producen estas prácticas, es imposible conocer la magnitud real de este fenómeno de violencia en nuestro país», lamenta Sumar.
En esta línea, explica que, actualmente, ocho comunidades autónomas disponen de prohibiciones y de un régimen «sancionador» dirigido a luchar contra las terapias de conversión. Sin embargo, denuncia que no se ha investigado ni sancionado «firmemente» ningún caso de práctica o promoción de terapias de conversión, «a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos años».
«En la práctica, las sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil», recalca Sumar.
Finalmente, denuncia que los tipos penales existentes no cubren «suficientemente» los contextos en que se dan estas prácticas y señala que «solo se centran en las consecuencias de las conductas materiales, ignorando lo criminalmente reprobable de las terapias de conversión en sí».
