Sumar organiza este lunes en el Congreso una jornada específica sobre la necesidad de revertir las inmatriculaciones de bienes inmuebles de la Iglesia.
El acto contará con la intervención del dirigente de IU Enrique Santiago, y del portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, además de sus compañeros de bancada Nahuel González (IU) y Julia Boada (‘comunes’).
Junto a los parlamentarios de Sumar también desfilarán representantes de la sociedad civil y colectivos para la recuperación del patrimonio de Navarra, Andalucía o Aragón.
Por ejemplo, participarán en el foro Asunción Villaverde (Europa Laica), Miguel Santiago (Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba y plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía), Cristina Contreras (Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra) o Belén Boloqui (APUDEPA Aragón), entre otros ponentes. El evento terminará con la lectura de un manifiesto final sobre el asunto de las matriculaciones.
EL GOBIERNO: NO HAY OBLIGACIONES PENDIENTES TRAS PUBLICAR EL LISTADO
Recientemente el Gobierno indicó, en una respuesta parlamentaria del mes de febrero, que ha cumplido en esta materia al remitir el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia, como mandató el Congreso mediante una proposición no de ley en 2017, y en consecuencia no tiene ninguna obligación pendiente sobre este asunto.
Por su parte, los diputados de Sumar y dirigentes de IU, Enrique Santiago y Toni Valero, demandaban en sus iniciativas declarar nulas de pleno derecho dichas inmatriculaciones, al remarcar que son inconstitucionales al amparo de la Ley Hipotecaria.
Entre otras cuestiones, los diputados requerían también conocer la posición del Gobierno sobre si piensa pasar a titularidad pública la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Mientras, el Gobierno a través de su respuesta remarca a los diputados que la inconstitucionalidad de las normas debe producirse con arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.
«Y ni el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 y concordantes de la Ley Hipotecaria, respecto de la inmatriculación de bienes mediante certificación eclesiástica, ni se planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas en la que se aplicó dicha norma», explica en su respuesta.
Aparte, desgranaba que la inmatriculación en virtud de certificación eclesiástica fue derogada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria.
«El Gobierno remitió el listado completo de inmarticulaciones que dispuso la PNL de 4 de abril de 2017, cumpliendo la obligación que le impuso el Congreso respecto del espacio temporal que acotó la misma iniciativa, no existiendo pendiente obligación alguna al respecto», remachaba el Gobierno.
A su vez, en diciembre de 2023 el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que desde que enviaron a los municipios españoles el listado de 1.000 bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica, no han recibido «prácticamente ninguna reclamación».
IU CARGA CONTRA LAS INMATRICULACIONES
Los dos parlamentarios vinculados a IU exponían mediante sus pregutnas que la Ley Hipotecaria de 1946 permitía a la Iglesia católica registrar a su nombre bienes inmuebles con el simple procedimiento de certificación propia, otorgándole potestad fedataria pública y «equiparando a la Iglesia con la administración pública».
Dicha normativa, remarcan, se modificó en el año 1998 por parte del Gobierno entonces dirigido por el PP, ampliando esa postestad al permitir a la Iglesia registrar también los bienes de culto, que conllevó a un «incremento sustancial de inmatriculaciones».
Luego, con la ley que entró en vigor en 2015, se anuló y para los diputados del grupo plurinacional supone la «inconstitucionalidad de la ley anterior» y la exigencia a la Iglesia desde entonces de la misma carga documental ante el Registro de Propiedad que a cualquier otra entidad física o jurídica.
Tanto Santiago como Valero han agregado que en enero de 2022 el Ejecutivo dio a conocer un informe, junto a la Conferencia Episcopal, donde se estipulaba que de los casi 35.000 bienes inmuebles a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, un total de 1.027 se inmatricularon.
De hecho, los diputados reclamaban en sus preguntas que se recopilaran datos de las inmatriculaciones también del periodo comprendido entre 1945 y 1998.
