La diputada y portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Mónica Lavín, ha criticado al PSOE por «colonizar todas las instituciones» después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra un artículo de la Ley Trans regional (modificada el pasado diciembre).
Así lo ha decidido este martes el Pleno de la corte de garantías, que ha incidido en que lo recurrido por el Defensor del Pueblo es un inciso del artículo 14.2, letra b), de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid, reformado por el artículo único, numeral doce, de la Ley 17/2023, de 27 de diciembre.
«¿Cómo puede el Defensor del Pueblo recurrir a una reforma que persigue la protección de la infancia garantizando su derecho a la salud integral física y mental? ¿Cómo puede negar la importancia del acompañamiento psicológico a los menores antes de un tratamiento irreversible?. El PSOE ha colonizado todas las instituciones», ha asegurado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Lavín ha señalado que «Gabilondo actúa como un actor político más del Gobierno de España, que va contra la Comunidad de Madrid y pone en riesgo la salud de los menores». Asimismo, ha manifestado que «su sectarismo e irresponsabilidad al presentar este recurso son muy preocupantes, impropios de una alta institución del Estado». «Toda la comunidad científica de España y Europa avala esta reforma garantista y prudente con la infancia», ha defendido.
En concreto, el inciso impugnado señala que «para iniciar el tratamiento farmacológico será requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías», señala el TC.
La institución que dirige Ángel Gabilondo indicó en su recurso, presentado en abril, que el citado precepto podría suponer una vulneración de los derechos de los menores transexuales, del principio al libre desarrollo de la personalidad y del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.
Al anunciar su recurso, el Defensor del Pueblo señaló que la ley, reformada el año pasado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, «patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad».
