Tegucigalpa, 3 jun (EFE).- La Policía Nacional de Honduras anunció este lunes que está dispuesta a utilizar la fuerza para desalojar a decenas de empleados del Instituto de la Propiedad (IP) que ocupan el Centro Cívico Gubernamental (CCG), donde funcionan la mayoría de las oficinas del poder Ejecutivo, tras la intervención de la institución.
«De no entregarse el Centro Cívico Gubernamental de forma pacífica y a la mayor brevedad posible, haremos uso de las fuerzas y del derecho que nos da la Constitución y la ley para hacer respetar el Estado en el que vivimos», indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado leído en la Casa Presidencial.
La protesta de los trabajadores del IP empezó el pasado viernes, un día después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la intervención de la entidad por supuestos actos de corrupción al financiar la construcción de viviendas e inscribir ilegalmente terrenos y vehículos
Castro indicó en X el pasado jueves que ha sido informada sobre “denuncias sobre inscripciones ilegales (en el IP) de terrenos y vehículos, las cuales están siendo investigadas por los organismos competentes”.
Denunció además que la institución hondureña erogó más de «18.000 millones de lempiras (729,1 millones de dólares) sin registros fiables y violando la ley, adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del Fideicomiso, que era la transformación digital del IP”.
Los manifestantes piden a Castro «estabilidad laboral» y detener «los hostigamientos políticos» en la institución, tras la intervención.
La Secretaría de Seguridad señaló que la protesta de los empleados estatales ha «vulnerado los derechos laborales y de locomoción de los trabajadores y las personas que a diario realizan diligencias» en el CCG.
Anunció además la creación de una comisión que se encargará de analizar «todas las actuaciones legales de las personas que se encuentran en el CCG en actos de protestas y que conculcan los derechos de las personas que realizan diferentes trámites en estas oficinas de Gobierno”.
La comisión será integrada por la Fiscalía General del Estado, la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y las Fuerzas Especiales.
El propósito de la comisión es «el desalojo pacífico de los bienes del Estado que han sido tomados, en especial el Instituto de la Propiedad y demás áreas, así como la determinación de los daños ocasionados a estos entes nacionales”.
