El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado este viernes que no asistirá a la comisión del Senado para analizar la ley de amnistía que tendrá lugar el próximo lunes, afirmando que «si alguien piensa que los presidentes autonómicos de un partido y otro somos como monaguillos de los aparatos de los partidos, se equivocan».
En declaraciones a medios de comunicación, tras su participación en la inauguración del nuevo Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales de la provincia de Albacete, el líder del ejecutivo castellanomanchego ha afirmado que sabe lo que plantearán en sus intervenciones tanto Pere Aragonés, como los demás presidentes autonómicos.
«Yo no recibo instrucciones de Ferraz, mucho menos de Génova, y escuchar decir a un importante partido en España que van a obligar a que nos retratemos todos los socialistas, todos los presidentes autonómicos, es ofensivo», ha añadido.
Por otra parte, García-Page ha rechazado cualquier posibilidad de un referéndum en Cataluña sobre la independencia, planteando que en cuestiones de soberanía nacional tendrían que votar todos los ciudadanos de España.
«Si quieren cambiar la constitución pueden proponerlo, pero se arriesgan a que no estemos de acuerdo en la inmensa soberanía, lo demás es mentira, es el mamatraca que ya incluso cansa», ha añadido al respecto.
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Preguntado por las reformas de las leyes de Memoria Democrática en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox, el presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado su rechazo, afirmando que las modificaciones «tienen que servir para que la opinión pública y la ciudadanía tome nota». «La extrema derecha también quiere intentar cambiar la historia de España», ha planteado, haciendo una comparación con el independentismo catalán.
García-Page ha manifestado su preocupación a futuro sobre la voluntad de establecer una lectura histórica determinada, señalando que «todos los que han vivido la guerra o la posguerra no se lo van a creer porque saben lo que ha pasado, pero el problema son las nuevas generaciones que tienen derecho a saber la verdad, no a que les confundan».
«Es la política fake que hay que tenemos que desmentir pero lo importante es que la ciudadanía tome nota porque si no estas cosas que creemos que no pasan factura la pasan en la sociedad», ha concluido.
