El Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha emitido una orden de prisión contra la abogada y columnista Sonia Dahmani por asegurar durante un programa de televisión que en el país aún existen prácticas racistas al considerar que estos comentarios son una forma de «difundir rumores falsos, incitar a la violencia y difundir discursos de odio entre la gente».
Así lo ha confirmado el portavoz del tribunal, Muhamad Zaitune, que ha informado sobre la apertura de una investigación debido a que Dahmani ha «aprovechado su presencia en televisión» para «acusar al pueblo tunecino de racismo», según ha publicado la emisora tunecina Mossaique FM.
El abogado de la columinsta, Sami Ben Ghazi, ha publicado en su cuenta de la red social Facebook que esta orden se ha producido en el marco del decreto 54, una ley aprobada en 2022 y sobre la que numerosas organizaciones de la sociedad civil e internacionales expresaron su preocupación por considerar que socavaría la libertad de expresión.
Cabe destacar que Dahmani ya había sido detenida a mediados de mayo por hacer comentarios sarcásticos sobre la situación del país, en los que decía lo siguiente: «¿De qué clase de país extraordinario hablamos? ¿Del que la mitad de sus jóvenes quieren irse?».
Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones de Túnez ha emitido una sentencia suspendida de dos meses de prisión contra el periodista Mohamed Bughlab por «ejercer» deliberadamente una actividad profesional remunerada sin permiso ni licencia».
La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años una deriva autoritaria del presidente del país, Kais Saied, y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas, así como las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.
Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.
