Madrid, 13 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que la ley de gestión e integridad del Sistema Nacional de Salud, que este lunes sale a consulta pública, «pondrá freno a las comisiones», los «lucros indecentes» y los «beneficios obscenos» de las empresas.
En declaraciones a los medios tras inaugurar el I Foro de Salud Pública: Una sanidad a futuro, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), la ministra ha insistido en que el Gobierno quiere que «cada euro de los impuestos de los españoles se destine a garantizar la protección a la salud y no las cuentas de resultados de las empresas privadas».
García ha explicado que la ley de gestión pública dará un «carpetazo» a la ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que «abría la puerta a modalidades de gestión que lo que han hecho es deteriorar el sistema» y pondrá freno al «lucro incesante»: «La sanidad ya no se venderá al peor postor».
Ha reiterado además que la evidencia científica ha demostrado que de esas nuevas fórmulas de gestión no han salido mejoras para la salud de la población: «Todo lo contrario, lo que ha supuesto han sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas mientras que han ido detrayendo el presupuesto del sistema sanitario público».
«Estamos contentos con esta ley de gestión pública que es un avance y da salida a un reclamo de sanitarios y ciudadanos», ha añadido.
Ya en su intervención en la inauguración del I Foro de Salud Pública de Fuinsa, la ministra ha comenzado con un recordatorio «al brutal genocidio» que se vive en Gaza y se ha remitido a la responsabilidad política de frenar la masacre y reconocer el Estado palestino.
En el discurso de inauguración, se ha referido a la ley de universalidad que se tramitará de forma inminente y acabará con la exclusión sanitaria de 2012.
Además, ha reiterado que este lunes inicia su andadura la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud «que pone coto al lucro como forma de gestión sanitaria».
García ha confiado en que pronto esta ley se convierta en una normativa ambiciosa que cuide el sistema sanitario «y ponga a los pacientes y a los profesionales en el centro».
También se ha referido a la crisis climática como una crisis de salud pública, en palabras de la OMS, y ha recordado que el cambio climático afecta a todos, pero no a todos por igual ya que se ceba «desproporcionadamente» con los más vulnerables y con las personas con rentas más bajas.
Según ha dicho, en 2023 hubo 3.009 muertes atribuibles a altas temperaturas y, según el Instituto de Salud Carlos III, hasta el año 2050 se producirá una media de 1.300 fallecimientos anuales.
En este sentido, ha explicado que desde Sanidad se ha creado el Observatorio de Cambio Climático y se trabaja con el Ministerio de Ciencia y con el de Transición Ecológica «no solo para adaptarse a lo que está por venir, también para ir más allá». EFE
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