El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reconoció este domingo que intervino en la entrega del exdirector general de la Dirección General de Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros, un funcionario clave en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’ contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.
“Sí, es correcto. El señor Ortiz, cuando se dictó su mandato de detención, se comunicó conmigo telefónicamente desde un número desconocido […] y le recomendé que se entregue”, dijo el titular del portafolio en un mensaje de WhatsApp enviado a la periodista de Cuarto Poder, Karla Ramírez.
“Procedí a comunicarme con un oficial de la Diviac [Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad] para informarle de la situación y que el señor se entregaría en la prefectura. Creo que era lo correcto, ya que toda persona sobre la que pese un mandato de este tipo debe someterse a la justicia”, explicó.
Acusado de realizar nombramientos irregulares de subprefectos en Cajamarca y San Martín, Ortiz se entregó a la Policía Nacional (PNP) el pasado 10 de mayo, horas después de permanecer prófugo. Su captura fue ordenada durante el operativo ejecutado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), donde también fueron arrestados Nicanor Boluarte y al abogado de la presidenta, Mateo Castañeda.
Tal como le había indicado Santiváñez, se presentó voluntariamente ante la Diviac alrededor de las 8:00 horas y, posteriormente, fue trasladado a la Oficina de Medicina Legal de la Prefectura de Lima para completar los trámites legales correspondientes, los cuales concluyeron pasada la medianoche.
Según la Fiscalía, Ortiz actuó como un operador clave en una red criminal dedicada a la colocación ilegítima de subprefectos en Cajamarca y San Martín. La investigación revela que utilizó su posición como Director General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior para influir en estas designaciones, lo que facilitó el copamiento de posiciones estratégicas dentro del gobierno y proporcionó financiamiento ilícito a la organización.
La tesis fiscal precisa que el funcionario designaba subprefectos basándose en propuestas de Noriel Chingay, Prefecto Regional de Cajamarca y supuesto miembro de la organización criminal, priorizando conexiones de amistad sobre criterios de mérito.
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