Barcelona, 5 abr (EFE).- Militantes de la vivienda procedentes de una veintena de países reunidos en Barcelona han sentado las bases para una unión internacional que sirva para compartir conocimientos y estrategias en la defensa de los derechos de los inquilinos.
La capital catalana acoge el primer congreso internacional de militantes por el derecho a la vivienda, que empezó este pasado jueves y termina el domingo, con la participación de más de 200 militantes y académicos de unas 60 organizaciones norteamericanas y europeas.
Entre ellos se encuentra el Sindicato de Inquilinas de Cataluña, junto con el proyecto ‘Property and Democratic Citizenship’, de la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
«Hemos viajado a distintos países para conocer otras experiencias y creemos que este congreso permitirá establecer las bases de una unión internacional», ha afirmado Marta Ill, del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, que ha insistido en la necesidad de conocer los mecanismos de defensa de los inquilinos empleados en otros países para mejorar la protección en España.
Uno de los principales problemas que señala el Sindicato de Inquilinos de Cataluña es que la actual normativa española no ampara suficientemente los casos de arrendatarios a quienes no se les renuevan los contratos ni protege sobre los alquileres de temporada.
Por situaciones como esta, esta reunión internacional es también una forma de contrapoder frente a congresos como el salón inmobiliario The District, que, según el sindicato, pretende «convertir Barcelona en la capital de la especulación inmobiliaria».
«Hay personas que a través de la mercantilización de una necesidad básica se ven sometidas a una precarización de su vida que se debe a la falta de mecanismos democráticos», ha explicado el sociólogo de la UAB Carlos Delclós.
El experto ha apuntado que, del mismo modo que el movimiento obrero se unió para exigir la jornada laboral de ocho horas, el área de la vivienda es «un pilar tambaleante del estado de bienestar, que se mercantiliza y no se problematiza lo suficiente».
Por su parte, Marianne Maeckelbergh, profesora de Antropología Política de la Universidad de Gante y miembro del proyecto ‘Property and Democratic Citizenship’, que evalúa el impacto de la relación entre la propiedad y la ciudadanía, ha apuntado que «la propiedad lleva a una centralización de poder que conduce a la precariedad».
«Analizar las consecuencias de esta dinámica es imprescindible para entender el sistema del mercado de la vivienda dentro de la democracia. Hay que evaluar por qué hay personas en situación de precariedad de forma consistente», ha detallado.
Para abordar estas cuestiones, se han llevado a cabo talleres y charlas entre militantes de los distintos países presentes para compartir conocimientos en las instalaciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), Can Batlló y el Ateneu Cooperatiu La Base de la capital catalana.
En ellas participa Quique Velázquez, miembro del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (Estados Unidos), quien ha resaltado que allí se creó una organización de la vivienda porque «las leyes las hacen dueños y corporaciones para proteger sus intereses».
«La crisis de la vivienda está provocada por la propiedad privada. A fondos de inversión como Blackstone, presente en España y Estados Unidos, se les puede combatir si nos organizamos retando las leyes», ha destacado.
Después de dos jornadas de reflexión y debate internos, este sábado el congreso abrirá sus puertas al público para el acto de clausura, en el que se leerá la Declaración de Barcelona, firmada por diversas organizaciones asistentes para reforzar sus lazos.
Las jornadas cuentan con representantes de más de 60 organizaciones, entre sindicatos de inquilinos y de vivienda, cooperativas, sindicatos laborales de toda Cataluña, y otras partes de España, y más de 20 países, como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra o Grecia, entre otros. EFE
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