La Fiscalía de Guatemala ha informado este lunes de que ha registrado la sede del Ministerio de Exteriores con el objetivo de recoger pruebas por el caso de las vacunas Sputnik V, que investiga posibles irregularidades en la adquisición de vacunas contra el coronavirus que fueron compradas a Rusia durante el Gobierno de Alejandro Giammattei.
«Esta diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias consiste en obtener indicios que sustenten la investigación. Preliminarmente se ha establecido que hubo comunicación entre funcionarios del Ministerio de Salud y de Exteriores con personas que se encontraban en Guatemala y en el extranjero», ha explicado el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche.
En este sentido, ha indicado que estas actuaciones y sus consecuentes conclusiones «permitirán sustentar esa investigación y que el pueblo de Guatemala pueda conocer qué fue lo que sucedió en relación a la compra de las vacunas Sputnik», ha manifestado a través de un vídeo compartido por el Ministerio Público a través de su perfil en la red social X.
Por su parte, la cartera de la diplomacia guatemalteca ha señalado que «está brindando el apoyo al proceso de investigación que realiza el Ministerio Público», según ha informado el periódico ‘Prensa Libre’.
A principios de abril, el Gobierno presentó una denuncia contra la exministra de Sanidad Amelia Flores, en el cargo durante el mandato de Giammattei, por un contrato de vacunas rusas contra el COVID-19 «perjudicial» que «no cumplía con los requerimientos legales y comprometió la salud y el bienestar de los guatemaltecos». El procurador general, Julio Saavedra, consideró que se cometieron delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y malversación de fondos.
Saavedra precisó que era ilegal suscribir un contrato con un ente que no era productor de vacunas, que no se corroboró quién firmó el documento por parte de la compañía rusa, que es ilegal haberlo firmado en inglés y que se negociaron condiciones desfavorables para el Estado guatemalteco. También se incluyó que Guatemala debía pagar regalías, lo que podía haber incurrido en fraude fiscal.
Asimismo, agregó que se fijó como límite 100.000 dólares (92.200 euros) en caso de que exigieran una indemnización a la empresa, no se respetó la jerarquía de las leyes nacionales ni los preceptos legales al haber sometido el contrato a arbitraje, y que se aceptó una vacuna cuyo uso no estaba autorizado ni certificado según las leyes del país.
Con todo, la cláusula de confidencialidad en el contrato «no fue justificada» porque los actos de la Administración Pública deben ser públicos. A esto se suma que se desconoce el lugar en el que se firmó el documento.
Flores indicó en su momento que se había negociado con la empresa ‘Human Vaccine LLC’ una compra de ocho millones de dosis de vacunas por la cual se desembolsarían 614,5 millones de quetzales guatemalecos (72,7 millones de euros) correspondientes al 50 por ciento de lo negociado.
El contrato entre el Estado y la empresa rusa se mantuvo bajo confidencialidad pese a las solicitudes realizadas por parte de diversos sectores. Las dudas de la negociación aumentaron debido a que los envíos de las vacunas fueron pausados en medio de la pandemia, si bien el total de las dosis se completó a finales de año.
