La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado este viernes su preocupación por las «afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos» en Perú y ha hecho un llamamiento a respetar la independencia del Poder Judicial, el sistema electoral y los Derechos Humanos en el país a fin de garantizar «la vigencia de la democracia».
«En los últimos meses, la CIDH ha recibido información sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, con impacto en el cumplimiento de sus mandatos», ha denunciado el organismo en un comunicado.
Más concretamente, la CIDH ha manifestado su inquietud ante «todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción».
Como ejemplo de dichas intromisiones, la Comisión ha hecho referencia a «procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso, tales como denuncias constitucionales», que «han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor, con frecuencia, involucra a congresistas y personas con liderazgo político».
«A ello se suman, por lo menos, dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura; y, la otra, a la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público, que resultaría en la destitución de las personas titulares de los mandatos de dichas instituciones», añade la nota.
ACCIONES CONTRA EL SISTEMA ELECTORAL
En la misma línea, la Comisión ha tomado nota de «las acciones ejercidas en contra del sistema electoral» y en detrimento de su independencia.
En este contexto, ha señalado, «el Presidente del JNE ha enfrentado al menos 10 denuncias ante el pleno del Congreso», durante cuya tramitación «han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación».
A este respecto, la CIDH ha reiterado que «el respeto de la democracia conlleva asegurar la vigencia de un modelo de pesos y contrapesos» y ha subrayado que, «en este modelo, las distintas funciones estatales deben corresponder a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí, con el fin de establecer los límites necesarios para el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, evitar la arbitrariedad».
A este fin, ha instado al Estado a «velar para que las autoridades ejerzan sus funciones con estricto apego a la legalidad y al interés público», defendiendo un compromiso firme «con el combate a esos flagelos mediante el fortalecimiento del sistema de Justicia», más aún «en contextos de elevada corrupción e impunidad».
DETERIORO DE LA DEMOCRACIA EN PERÚ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado, además, del deterioro que la democracia peruana ha experimentado durante los últimos años.
«El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los Derechos Humanos», ha denunciado la institución, apremiando a «tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente».
Así las cosas, la Comisión ha apremiado «al Estado a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos», instando a las autoridades a «adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de Justicia».
«Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales», ha añadido, defendiendo que «ello es esencial para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del Estado de derecho».
