Trabajadores caminando por el perímetro de lo que es conocido oficialmente como un centro de educación vocacional, construido en Dabancheng, en la región autónoma uigur de Xinjiang, China (REUTERS/Thomas Peter) (Thomas Peter/)

En un pueblo cercano a Yarkand, antigua ciudad de la Ruta de la Seda, al borde del desierto de Taklamakan, en la región más occidental de Xinjiang, el gongzuodui ha estado muy ocupado. El término significa “equipo de trabajo”. En Xinjiang se refiere a un grupo de funcionarios enviados a una zona rural pobre para cambiar la forma de vivir y pensar de los residentes musulmanes. En esta aldea, llamada Konabazar, el equipo se ha dedicado a la “movilización ideológica”. El objetivo es persuadir a los campesinos reticentes a marcharse y dedicarse a otras formas de trabajo.

A los periodistas les resulta casi imposible averiguar qué opinan esos campesinos de etnia uigur de los esfuerzos del equipo de trabajo, que incluye dar conferencias a los aldeanos en ceremonias de izado de banderas e impartir clases nocturnas. Desde principios de 2017, cuando China empezó a enviar a un millón o más de personas, la mayoría uigures, a “centros de educación y formación profesional” (campos de detención, en realidad), cada vez es más difícil obtener testimonios de primera mano de las víctimas de la represión china en Xinjiang. El Estado justifica sus acciones en nombre de la erradicación del terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso. Los expertos occidentales creen que los campos se cerraron en torno a 2020. Pero afirman que los testimonios oficiales, como el informe sobre Konabazar, sugieren que los trabajos forzados generalizados siguen utilizándose con fines similares.

Los gobiernos occidentales se han vuelto cada vez más atentos al respecto. En 2021, el presidente Joe Biden firmó la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur. Supone que cualquier producto procedente de Xinjiang puede estar manchado por el trabajo forzoso; los importadores tienen que demostrar lo contrario para que esos productos entren en Estados Unidos. En abril, el Parlamento Europeo aprobó normas para bloquear las importaciones a la Unión Europea de productos fabricados con trabajo forzoso (es probable que entren en vigor en 2027). La situación en Xinjiang animó a los redactores: las importaciones de la UE procedentes de la región ascendieron a 641 millones de dólares en los cuatro primeros meses de este año, un 721% más que en el mismo periodo de 2016, antes de que un gran número de personas empezara a entrar en los campos.

Estas barreras legales al comercio relacionado con Xinjiang son un dolor de cabeza para muchas empresas. En 2022, James Cockayne y otros investigadores de la Universidad de Nottingham elaboraron un informe titulado “Making Xinjiang sanctions work”. En él se calculaba que el polisilicio fabricado en Xinjiang, ingrediente clave de los paneles solares, representaba alrededor del 95% de la energía fotovoltaica suministrada a las redes de los 30 principales países productores de energía solar del mundo. El informe también afirmaba que Xinjiang fabricaba alrededor del 18% del volumen comercializado mundialmente de productos de tomate procesado y que una de cada cinco prendas de vestir fabricadas en todo el mundo contenía algodón procedente de Xinjiang.

Millones de uigures han sido detenidos en los últimos años y sometidos a trabajos forzados por el régimen chino

Para las empresas que pretenden excluir el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro, la complejidad de la forma en que se producen estos abusos en Xinjiang agrava la dificultad. Tienen que ser conscientes de las diferentes formas de trabajo forzoso. Una tiene que ver con los trabajadores que han estado en los centros de reeducación. Según Adrian Zenz, de la ONG Victims of Communism Memorial Foundation, con sede en Washington, este grupo podría ascender a cientos de miles. Algunos de ellos podrían seguir trabajando en fábricas que se instalaron alrededor de los campos, con acceso limitado al mundo exterior y sin libertad para salir.

Otra forma pueden ser las prisiones. Muchos de los internos de los campos fueron puestos en detención formal, a la espera de juicio. Yalkun Uluyol, un uigur que vive en el extranjero, describe cómo su padre, comerciante de melones, fue sometido a un traslado de este tipo. Fue condenado a 16 años de prisión en 2022. El hijo, investigador sobre los derechos de los uigures, cree que el castigo se debió simplemente a la relación de su padre con él. Otros familiares también fueron condenados a largas penas, afirma.

En 2022, la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) obtuvo una lista de más de 10.000 personas condenadas por delitos como terrorismo, extremismo religioso o “buscar pelea y provocar problemas”, pretexto habitual para encarcelar a disidentes. Todos ellos procedían de un condado del sur de Xinjiang: Konasheher, no lejos de Yarkand. El informe no decía si alguno había estado recluido previamente en centros de reeducación (la mayoría fueron detenidos en 2017). Pero dejaba entrever la magnitud del encarcelamiento como arma contra los supuestos enemigos del Estado en Xinjiang. AP calculó que Konasheher tenía una tasa de encarcelamiento 30 veces superior a la de toda China en 2013, el año más reciente del que se dispone de datos nacionales.

El trabajo es una parte común de la vida en prisión en China, y a veces implica productos que entran en las cadenas de suministro mundiales. El gobierno de Estados Unidos afirma que hay pruebas de que los reclusos de Xinjiang son obligados a trabajar de diversas formas, entre ellas en la agricultura y la minería. Según los académicos de Nottingham, algunas fábricas relacionadas con la producción de polisilicio se encuentran junto a prisiones, lo que podría indicar la existencia de un vínculo.

Pero gran parte del trabajo forzado en Xinjiang puede no implicar signos evidentes de coacción. A la gente se la mantiene en el trabajo con un mensaje implícito: abandona un trabajo asignado por el Estado y tendrás problemas. Este es el tipo que se practica en Konabazar. Se suele denominar “alivio de la pobreza mediante la transferencia de mano de obra”. A primera vista, se parece mucho a lo que viene ocurriendo en China desde las reformas económicas de finales de la década de 1970, en las que la gente se traslada de los pueblos pobres a las ciudades para trabajar.

El régimen de Xi Jinping somete a las minorías musulmanes a trabajos forzosos (REUTERS/Tingshu Wang) (Tingshu Wang/)

En el resto de China esto rara vez ha parecido trabajo forzado (excepto, quizás, en Tíbet, aunque algunos expertos discuten si el término debería utilizarse incluso allí). En Xinjiang, sin embargo, es diferente. En los últimos años ha quedado claro que el gobierno utiliza el proceso para reforzar el control político sobre las comunidades musulmanas rurales, principalmente de uigures, que constituyen aproximadamente el 45% de los 26 millones de habitantes de Xinjiang. Es probable que algunos uigures se hayan unido a los planes de transferencia de mano de obra por miedo. Esto se debe al terror generado por los campos de reeducación, ya desaparecidos, por las numerosas detenciones de sospechosos de criticar al gobierno y por la represión de las expresiones de identidad musulmana o uigur.

Zenz lo denomina “forma de trabajo forzoso no impuesto por el Estado”. El término fue adoptado en febrero por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, en un manual actualizado sobre prácticas de trabajo forzoso. La OIT no mencionó a Xinjiang, pero se refirió a programas muy parecidos a su sistema de transferencia de mano de obra.

Los esfuerzos de Xinjiang parecen haber ido en aumento en los últimos años. En 2017, año de apertura de los campos, hubo 2,75 millones de traslados (un residente rural puede aceptar más de un trabajo al año fuera de su aldea). En 2022 se superaron los 3 millones. El año pasado, el Gobierno aspiraba a una cifra similar a la de 2017. Pero alcanzó los 3,2 millones, según datos oficiales. Algunos de los afectados trabajan en fábricas cercanas a sus pueblos; otros son enviados más lejos, incluso a otras provincias (donde a menudo se les vigila de cerca). También pueden realizar trabajos estacionales, como la recolección de algodón. Expulsarles de sus tierras contribuye a motivarles: los funcionarios suelen confiscarlas para dar paso a proyectos como zonas industriales o para permitir la agricultura a mayor escala. Konabazar ha promovido una campaña de “pequeños campos-fusión-en-grandes-campos”, un sistema que suele implicar la concesión de alquileres a cambio de tierras.

En 2020, un libro aprobado oficialmente, “Historias de alivio de la pobreza en el sur de Xinjiang”, describía los objetivos de un equipo de trabajo en otra parte de la región. Uno era aumentar los ingresos de la aldea, en parte mediante transferencias de mano de obra. Otro era eliminar el “extremismo religioso” en una comunidad plagada de “indolencia”. Describe cómo el jefe del equipo se enfrentó a un aldeano especialmente perezoso. “No quieres trabajar, ¿verdad? Bien, no te daré ni una libra de abono ni te construiré una casa”, le dijo el funcionario. “Al final del año, cuando todos los demás hayan salido de la pobreza y vivan una buena vida, tú podrás quedarte en tu casa rota y vivir tu miserable vida”. Al final, el jefe del equipo consiguió convencer al aldeano para que trabajara. Casi siempre lo hacen.