La modificación del artículo 22 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras aumenta el tope de las regalías percibidas por las provincias mineras (Reuters) (Enrique Marcarian/)
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una carta al Poder Legislativo en rechazo a las modificaciones a la ley de Inversiones mineras.
La modificación del artículo 22 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras que aumenta el tope de las regalías percibidas por las provincias mineras adheridas al régimen de un 3 a un 5% del valor “boca mina” del mineral extraído.
“Impacta directamente en el modelo de negocios de las compañías que representamos, y en el desarrollo económico de Argentina”, señalaron desde la cámara que nuclea a más de 717 empresas que emplean directamente a 420.000 personas y representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones del país.
“Las propias características de la actividad, que involucra procesos de exploración, construcción y explotación que implican enorme magnitud de recursos, y extendidos en el tiempo, hacen que los riesgos inherentes a las inversiones en minería sean todavía mayores que en otras industrias. Por ello, resulta esencial garantizar el cumplimiento y estabilidad de la normativa vigente, especialmente en temas fiscales, para permitir que las inversiones se realicen en un marco de previsibilidad, independientemente de los vaivenes de la coyuntura económica, política y sectorial”, aseguró la entidad en su carta.
“A nuestro parecer, la modificación del artículo 22 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras va en contra de los objetivos del Régimen de Promoción de Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en el proyecto de Ley Bases. Además, y es otro factor relevante que constituye a un sensible aumento en la presión tributaria sobre la actividad (actualmente una de las altas de toda la región) deteriorando aún más la competitividad y sumándose a otros elementos negativos como la falta de infraestructura apropiada, costos de logística, normas burocráticas, etc”, sostuvo.
Y solicitaron al Congreso que se revise la decisión del aumento sustancial en el tope de regalías vigente, “garantizando la seguridad jurídica necesaria para el arribo de inversiones y evitando obstaculizar el futuro funcionamiento del RIGI como herramienta para fomentar el desarrollo de la actividad”.
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