Dos alumnos de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional (PNP), capturados durante un secuestro y extorsión en Puente Piedra, fueron liberados por la fiscal adjunta Milagros Acosta, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de este distrito limeño, quien les permitió seguir el proceso fuera de prisión.
Según un informe difundido este lunes por La República, el incidente ocurrió la madrugada del último 30 de mayo, cuando un grupo de agentes que participaba en el operativo ‘Amanecer Seguro’ avistaron a tres sospechosos en la zona de Villa Los Olivos, cerca de la antigua Panamericana.
Dos de los individuos dijeron ser agentes del Grupo Terna, mientras que el ciudadano argentino Franco Javier Galván, a quien tenían reducido, pidió auxilio, al alegar que había sido secuestrado y extorsionado. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) identificaron a los sospechosos como Beninger Jean Frank Valiente Amancio y Renzo Felipe Jaque de la Cruz.
Valiente aún es alumno de la Escuela de Suboficiales de la PNP, aunque suspendido desde diciembre de 2023, mientras que Jaque había sido dado de baja. Ambos portaban distintivos policiales y armas, como un chaleco de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), una placa de suboficial de tercera, un electroshock paralizador y un revólver de fogueo, de acuerdo con el reportaje.
Foto referencia de aspirantes a PNP (Andina)
La víctima narró que fue detenido cerca de su domicilio por tres personas. “Me preguntaron dónde estaba la droga, me golpearon y luego me dijeron que debía conseguir S/10.000, para finalmente entregarme a los dos detenidos con la orden de que me hicieran desaparecer”, dijo. Afortunadamente, los efectivos llegaron a tiempo para auxiliarlo.
Los aspirantes a policías fueron arrestados en flagrancia por varios delitos: contra la seguridad pública (uso o porte de arma), contra la administración pública (ostentación de distintivos de función), usurpación de función pública, extorsión, secuestro y pertenencia a banda criminal. Sin embargo, el último sábado, la magistrada Acosta dispuso su libertad y ordenó que comparezcan ante la autoridad fiscal y jurisdiccional cuando sean notificados.
Según el diario, el caso produjo indignación en el comando de la PNP y hasta fue analizado en una reunión entre el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para reforzar el apoyo policial al Ministerio Público en investigaciones penales. El titular del portafolio ya había resaltado que, aunque los agentes detienen a delincuentes y los pone a disposición de la Fiscalía, estos acaban de nuevo en las calles.
Congreso aprobó modificar ley contra crimen organizado
La semana pasada, el pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que modifica la normativa contra el crimen organizado, con 43 votos a favor. La iniciativa, presentada por Waldemar Cerrón —hermano del fugitivo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón—, deberá ser sometida a una segunda votación en los próximos siete días.
Durante el debate, los legisladores Ruth Luque y Héctor Valer se opusieron al alegar que las modificaciones podrían perjudicar investigaciones en curso y beneficiar a redes criminales. La bancada de Luque denunció que el dictamen debilita la lucha contra el crimen organizado, limita las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial y “beneficia a organizaciones como el Tren de Aragua”.
El dictamen aprobado establece que las organizaciones criminales deben recibir penas mayores a seis años de prisión y permite al fiscal solicitar el bloqueo de cuentas, exceptuando ingresos de subsistencia. Además, indica que el allanamiento de inmuebles solo procederá con motivos razonables y presencia de un abogado o testigos si el interesado no tiene uno.
Efectivos en retiro
De acuerdo con el citado medio, durante el año pasado se expulsó a 1.030 oficiales de la Policía Nacional del Perú por “faltas graves disciplinarias”. Entre ellos están los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros que habrían cometido en su labor policial.
Esta data superó a la del 2022, debido a que ese año se registró a 990 agentes retirados por presuntos casos de corrupción.
