Barcelona, 12 may (EFE).- Un tribunal popular juzga a partir de mañana en la Audiencia de Barcelona a la mujer acusada de haber asesinado a su hija de 4 años en mayo de 2021, asfixiándola mientras dormía, en Sant Joan Despí (Barcelona), por lo que la Fiscalía le pide una condena de prisión permanente revisable.
El juicio, programado para varios días, arranca mañana con la selección de los nueve miembros del tribunal popular que debe juzgar a Maria Cristina R.E., a quien la Fiscalía acusa de un delito de asesinato por matar a su hija mientras dormía, tras lo que intentó suicidarse.
Los hechos sucedieron la madrugada del 31 de mayo de 2021 en la habitación que María Cristina R.E. y su hija Yaiza compartían en un domicilio de la madre de la procesada y abuela de la víctima en Sant Joan Despí.
De hecho, fueron la abuela y la tía de la menor las que localizaron el cuerpo de la niña y vieron que la acusada había intentado suicidarse, por lo que alertaron a los servicios de Emergencias Médicas (SEM), que consiguieron reanimar a la mujer y trasladarla a un centro hospitalario.
El ministerio público acusa a la procesada, que se encuentra en prisión provisional por los hechos desde 2021, de un delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco, al ser la víctima su hija.
En su escrito, la Fiscalía apunta que la acusada mantenía una relación conflictiva con su expareja, padre de la fallecida, que pudo ser el detonante de los hechos.
Los progenitores tenían un régimen de custodia compartida de la menor desde 2019, que comportaba que en semanas alternas la niña conviviera con la acusada en el domicilio de su abuela materna.
Según el escrito del ministerio público, el ataque de su madre pilló desprevenida a la menor, que no pudo defenderse por la diferencia de físico entre ella y la madre y porque tampoco había nadie en la habitación al que pedir auxilio.
Además, el ministerio público pide para la acusada cinco años de libertad vigilada y la prohibición de que se acerque a menos de mil metros o se comunique con el padre o los abuelos paternos de la víctima durante diez años.
Por otro lado, la Fiscalía pide que la acusada indemnice con 250.000 euros al padre de la menor y con 75.000 euros a cada uno de los abuelos paternos, mientras que la abuela materna, con la que convivía cuando la madre tenía la custodia y con la que tenía una relación estrecha la víctima, ha renunciado a la compensación. EFE
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