Tengda (Perú) Cerámica SAC, una empresa de capitales chinos que opera en Ica sin licencia de funcionamiento, contrató en dos ocasiones los servicios legales de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, según un informe difundido este domingo por Punto Final.
Situada a quince minutos de Ica, y extendida sobre 40 hectáreas de terreno agrícola, la operación de la planta enfrenta restricciones debido a la zonificación actual que limita el área a empresas de agroexportación y viola una veda acuífera, impuesta desde 2011 en el Valle de Villacurí, por escasez de agua.
Tendga también carece de permisos ambientales, de Defensa Civil y de construcción, y no ha esperado la finalización del cambio de zonificación, proceso que ya está en marcha, para adecuar sus actividades. El alcalde del distrito de Salas, Javier Fernández, dijo al dominical que la empresa ha tenido posibilidades para legalizar su situación respecto a la zonificación, ya que su gestión ha facilitado los trámites necesarios.
En mayo de 2023 y enero de este año, el hermano de la jefa de Estado, actualmente investigado en el fuero fiscal, ofreció asesoramiento legal a la empresa y cobró honorarios por servicios que incluían la “opinión sobre la situación legal de la empresa con relación a algunos aspectos técnicos” y “Asesoría legal en General”, según el reportaje.
Nicanor Boluarte había declarado anteriormente que sus servicios se centraron en “la titulación del terreno”, con lo cual se desmarcó de cualquier procedimiento relacionado con la zonificación. No obstante, inmediatamente después de su participación, se presentó una propuesta para cambiar la zonificación durante una audiencia pública en la Municipalidad Provincial de Ica.
De acuerdo con documentos presentados por la televisora, el hermano de la presidenta percibió dos pagos, uno por 1.380 dólares y otro por 9.200 dólares. La firma china también enfrenta denuncias de precariedad en el ambiente laboral, omisión de los trabajadores en la planilla de pagos, el incumplimiento en las contribuciones a la Administración de Fondos de Pensiones (AFP) y la carencia de seguros de salud, a pesar de que los empleados cuentan con contratos firmados.
A estos problemas se suman señalamientos sobre riesgos de seguridad en el lugar de trabajo, según Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
