En medio de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un contrato millonario para la adquisición de 1.600 motos todoterreno viene generando cuestionamientos. Este contrato, firmado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), asciende a S/ 131 millones, lo que equivale a un costo unitario de S/ 36 mil 400 por moto. Sin embargo, la revelación de Panorama de que el Gobierno Regional de Piura consiguió un precio mucho más económico por las mismas motos. En este último caso, el precio unitario ofrecido por el mismo proveedor fue de tan solo S/ 31 mil 454, casi S/ 5 mil menos que el precio pagado por la MML.
El dominical de Panamericana Televisión entrevistó al jefe de administración de la MML, Pablo Paredes, quien explicó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) recomendó adquirir las motos a la empresa Pana Autos, argumentando que el precio estaba dentro del rango adecuado.
“Nosotros, teniendo en cuenta que es un proyecto de alta complejidad, para adquirir 4 mil motos y mantenerlas durante tres años, decidimos encargar esta licitación a Unops. Finalmente, ellos adjudicaron al proveedor y nos indicaron que el precio estaba de acuerdo al rango del mercado”, declaró el representante del MML.
Era la mejor opción y más barata
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga enfrenta críticas por un contrato de S/ 131 millones para la adquisición de mil 600 motos todoterreno. (Composición: Infobae / captura)
El representante de la MML también comparó la oferta ganadora con la de otro postor. “El segundo postor nos cobraba S/ 22 mil por moto, pero el mantenimiento era de S/ 28 mil, lo que hacía una oferta integral de S/ 50 mil. Si se analiza qué es más conveniente para la ciudad, no solo se debe considerar el costo del activo, sino también su mantenimiento y disponibilidad durante tres años”, sostuvo.
En cuanto a la transparencia del proceso, Paredes admitió que no tenían conocimiento de que el proveedor abriría un taller para ensamblar las motos. “Nosotros no teníamos conocimiento de eso, tampoco era una obligación de la empresa informarnos cómo asumiría la operación de suministro de bienes. Lo pueden hacer con sus talleres o montar uno nuevo. La recomendación de renegociar el contrato y evaluar la actuación de los funcionarios es algo que se debe considerar si se determina que hubo diferencias significativas en el rango de mercado”, finalizó.
Construyeron un taller con la diferencia del dinero
Comunicado de la Municipalidad de Lima.
Uno de los puntos críticos es la diferencia de precio entre lo pagado por Lima y Piura. Paredes justificó el costo adicional explicando que Pana Autos construyó un taller de ensamblaje de motos específicamente para cumplir con esta licitación, lo que implicó una inversión considerable en equipamiento y mantenimiento. “Eso es parte de la operación interna de una empresa. La Municipalidad no estableció en las bases ningún requisito de equipamiento estratégico o infraestructura”, agregó.
Además, el jefe de administración de la MML defendió la licitación explicando que se trató de una oferta integral. “En las compras públicas, hay un concepto del valor por dinero. La eficiencia económica no se mide solo por el precio, sino por el ciclo de vida útil del bien. En este contrato integral, que costó S/ 36 mil 400 por moto, el mantenimiento fue de S/ 10 mil. Aseguramos un costo unitario integral de S/ 46 mil por moto”, detalló.
Así fue la contratación
La gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una controversia debido a un contrato de adquisición de 3,600 motos todoterreno, cuestionado por una disparidad de precios. (Composición: Infobae / Andina)
En marzo, se entregaron 400 motos a la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de un primer lote de las 4 mil que se esperan para este año. El contrato total para esta compra millonaria asciende a S/ 166 millones 284 mil, divididos en dos partes: 131 millones para la adquisición de las motos y 35 millones para su mantenimiento.
El proveedor seleccionado para esta transacción fue Pana Autos, quien ofreció el modelo Sahara 300, diseñado específicamente para terrenos difíciles. Sin embargo, lo preocupante es que el mismo modelo de moto, proveniente del mismo proveedor, se ofreció a un precio mucho más bajo al Gobierno Regional de Piura.
Pronunciamiento UNOPS
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) emitió un comunicado con relación a la adquisición de motocicletas mediante el convenio de colaboración suscrito con la Municipalidad de Lima. En tal sentido, indicó que brindó asistencia técnica a la MML en la realización de un proceso de selección a través de una licitación pública internacional para la adquisición de 3.600 motocicletas para fortalecer el patrullaje del serenazgo y la Policía Nacional del Perú en la capital del Perú.
Refieren que se trata de una contratación de gran complejidad y envergadura, “toda vez que comprende la importación de una gran cantidad de motos que se implementan por primera vez en el Perú con servicios de mantenimientos preventivos y correctivos por hasta tres años”. Asimismo, precisa que la empresa debe cumplir con tener una adecuada logística para asegurar el correcto equipamiento, ensamblaje, inscripción, registro y aseguramiento (SOAT) de cada una de las motos.
“Las gestiones operativas, logísticas, administrativas y de implementación inciden directamente en el costo unitario de las motos, en particular considerando el plazo y el número de motos y servicios integrales requeridos. Respecto a la concurrencia de postores en la licitación pública internacional, a partir de la amplia difusión realizada, se logró recibir varias ofertas, lográndose dos ofertas válidas, resultando adjudicada la oferta que cumplió con todos los requerimientos técnicos y criterios de selección, que presentó el menor precio global para suministrar todas las motocicletas y servicios conexos (mantenimientos) requeridos hasta por tres años”, se lee en el comunicado.
Finalmente, UNOPS manifiesta su compromiso con la transparencia, mediante procesos eficientes y en la consolidación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y evidencia la voluntad de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
