Madrid, 10 may (EFE).- El número de satélites y microsatélites en órbita cada vez será mayor, por eso es importante que exista una norma que regule los usos del espacio y en España, «en vez de llegar de los últimos, queremos llegar de los primeros», acompasados con la ley que está impulsando Europa, ha dicho la ministra de Ciencia, Diana Morant.
«Igual que trabajamos por la sostenibilidad en el planeta lo tenemos que hacer en el espacio», ha subrayado en una entrevista con EFE la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, quien ha señalado que no puede proliferar la basura espacial porque más allá de los problemas de sostenibilidad puede, entre otros, provocar colisiones.
Pero para disponer de las telecomunicaciones, los servicios de ciberseguridad, el transporte aéreo o la observación de la Tierra, imprescindible, por ejemplo, para atender una emergencia relacionada con incendios o una sequía, «es necesario trabajar en el espacio».
«Igual que tenemos ordenado el tráfico terrestre, tenemos que ordenar el tráfico aéreo y cuando hablo de tráfico aéreo es que cada día vamos a tener más satélites y microsatélites, en definitiva, dispositivos tecnológicos en el espacio, y todo eso se tiene que regular».
Por tanto, «es importante que tengamos una ley que regule los usos en el espacio. Europa está impulsando una y aquí, en vez de llegar de los últimos -como pasó con la recién creada Agencia Espacial Española-, queremos llegar de los primeros, acompasándonos con la ley del espacio europea».
El ministerio está «muy atento» a esa regulación que todavía se está generando y a la vez está trabajando en la suya propia.
En relación a quién va a dirigir la nueva Agencia Espacial Española, ubicada en Sevilla, Morant ha anunciado que «muy próximamente» -días o semanas- se reunirá el consejo rector de la citada agencia para tomar una decisión, con lo que se saldrá de la temporalidad y se dará «solvencia» al organismo.
El ministerio puso en marcha un proceso de elección abierto cuyo período de presentación de candidaturas terminó el pasado 19 de febrero y del que un comité tenía el encargo de preseleccionar a tres. Se han presentado numerosas candidaturas y de perfiles muy diversos.
Dedicar un espacio museístico al neurocientífico español y nobel Santiago Ramón y Cajal es una vieja reivindicación de los científicos a la que se han comprometido varios políticos, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propia ministra. Según Morant, este museo verá la luz en 2025.
Encontrar una sede es el principal reto. Hay muchas propuestas encima de la mesa y muchos territorios que lo reclaman, ha apuntado la ministra, para quien este espacio debe albergar el Legado Cajal -recientemente declarado Bien de Interés Cultural con 28.000 objetos de tipo científico y de carácter personal-.
Además, podría acoger una exposición interactiva sobre cómo los resultados del neurocientífico están marcando ahora mismo, por ejemplo, tecnologías como la inteligencia artificial.
En cuanto a la oficina nacional de asesoramiento científico, la titular de Ciencia ha dicho que viene a cubrir «una necesidad y un anhelo» tanto de la política como del sector científico. Esta instancia se está poniendo en marcha, está alojada en Moncloa y la dirige Josep Lobera, antiguo jefe de gabinete de Morant.
Si bien hay ministerios, como el suyo, el de Transición Ecológica o el de Agricultura y Pesca, que están muy acostumbrados a utilizar y basarse en el conocimiento científico, se trata de hacerlo extensivo.
«Cuando los políticos tomamos decisiones, siempre tenemos un informe jurídico, un informe que nos dice si la decisión está ajustada o no a la ley, o a la capacidad económica (…), pero no existen informes preceptivos sobre si esa decisión que estamos tomando está ajustada o no a la evidencia científica. Y esto es lo que queremos introducir».
El último Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027, una hoja de ruta que debe seguir la ciencia y la innovación con una previsión de inversiones -también de fondos europeos- que suman 18.400 millones de euros. El objetivo, situar a España en la senda del objetivo del 3 % del PIB en 2030 para investigación y desarrollo.
Morant ha mencionado que su Gobierno ha sido el que más ha invertido en ciencia en toda la historia, «y lo vamos a seguir haciendo».
Además de los contratos que se generan -1 de cada 5 nuevos empleos en España son en sectores de ciencia, tecnología e innovación- o el cambio en los sectores productivos -hacia la transición verde o digital-, la apuesta por la ciencia tiene también otra vertiente.
«La ciencia contribuye a tener un país con una mejor democracia frente a la proliferación de la desinformación y los bulos». Frente a los negacionistas de la violencia de género, del cambio climático o de la memoria histórica, «nosotros somos justo lo contrario, apostamos por la ciencia», ha subrayado la ministra.
La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) pidió la pasada semana al Gobierno que rectifique y «corrija las graves deficiencias» de la orden ministerial que permite recuperar períodos de prácticas y programas de formación investigadora para incluirlos en el cómputo de la jubilación.
Lo que ha puesto encima de la mesa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es una actuación excepcional para reconocer una cotización que no fue reconocida en su momento y esto pasa porque hay que pagar esa cotización, ha explicado Morant.
La ministra Saiz ha convocado a las asociaciones científicas a una reunión el martes y «creo -ha apuntado Morant- que es muy bueno que se siente con la comunidad científica de manera específica para resolver las dudas, incluso porque la ministra ha señalado que puede haber un margen de mejora en esa norma y que esta, por tanto, está abierta».
Saiz «se ha abierto a esa negociación con el colectivo y yo, desde luego, participaré también de manera activa en esta negociación», ha declarado Morant, quien ha recordado que desde 2011 ya nadie es contratado en la fórmula de becario en el sistema de ciencia, sino con contratos de pleno derecho con cotización a la seguridad social. EFE
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