Los seis detenidos que se encuentran en prisión por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil, tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado mes de febrero, seguirán encarcelados al ser desestimados los recursos presentados en los que pedían libertad provisional.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado seis autos, uno por cada acusado, en los que desestima la petición de cada uno de ellos de modificar su estado de prisión preventiva por libertad provisional, confirmando la medida dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate. En todos ellos señala que se les imputa «delitos muy graves» con penas muy altas que «implican un elevado riesgo de fuga».
Por su parte, en el auto que desestima el recurso del supuesto piloto de la narcolancha, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia expone entre los argumentos que el encausado, además de que era el piloto de la narcolancha y dice que la había traído el día anterior desde Sanlúcar, reconoce que «trabajaba para otras personas y que su cometido era pilotar lanchas llevándolas a alta mar en el Estrecho», por lo que la Sección Cuarta estima que es «obviamente muy sencillo para una persona dedicada a esa actividad huir con esos medios a Marruecos u otro país norteafricano eludiendo la acción de la justicia».
El acusado también plantea que «no existen indicios, sino al contrario» de que la embarcación que tripulaban los encausados fuese la que colisionó con la de los agentes, ya que «había en el muelle dos embarcaciones similares con cuatro motores y con tripulantes con ropa roja, siendo la que impacta con la lancha una que lleva solo una antena radar, cuando la de los investigados llevaba dos».
Por su parte, la Audiencia considera que «existen indicios de dicha participación en los hechos, de que la embarcación que pilotaba el encausado era la que colisiona con la de los agentes y de que era él quien la pilotaba, apreciándose en las grabaciones con claridad lo que parece ser una colisión deliberada».
En este sentido, explica que «además de ser identificada por las ropas de los tripulantes, por sus dimensiones superiores a las de las demás lanchas que había en el lugar y porque portaba cuatro motores (característica que no se aprecia en ninguna de las otras en las grabaciones e imágenes disponibles) y dos antenas, presenta daños compatibles con la colisión con la embarcación policial».
Igualmente, presenta «restos de pintura en dichos daños del mismo color que los de tal embarcación –la policial–, siendo demasiado casual que los daños sean de roces con rocas y la pintura de estar junto a una boya roja».
Asimismo, explica que vistas las imágenes que constan en el atestado, «se aprecia que los daños son recientes, que además se hallan en el frontal y en la quilla de la embarcación, siendo por tanto compatibles con una colisión y con pasar por encima de la embarcación policial».
Por su parte, el abogado Jorge Piedrafita, letrado que ejerce la acusación popular en nombre de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), ha mostrado su «satisfacción» con la resolución de la Sala, que «garantiza el desarrollo de la instrucción con protección a los guardias civiles afectados y sus familias y permitirá sentar en el banquillo a los investigados para que sean juzgados por unos hechos muy graves, ante los que esta acusación pedirá la máxima pena».
