El expresidente de Ecuador Guillermo Lasso ha descartado este lunes presentarse como candidato del Movimiento Creando Oportunidades (CREO) a las elecciones presidenciales del país, que se celebrarán el 9 de febrero de 2025, y ha abogado por elegir un aspirante joven, al considerar que la formación política «está reinventándose en esta nueva etapa».
«En la Asamblea Nacional nos planteamos metas para las siguientes elecciones y eso incluye dar paso a nuevos políticos y a jóvenes interesados en construir un país más justo y equitativo para todos. Creo firmemente en la alternancia política. Mi deseo es que más hombres, mujeres y jóvenes se unan a este movimiento y que todos algún día lleguen a ser grandes alcaldes, prefectos o incluso presidentes», ha manifestado.
Sus declaraciones han tenido lugar después de que CREO desmintiera que el exmandatario, que considera «un referente de ejercicio democrático del poder, de respeto a la institucionalidad» y de la pluralidad, sea su precandidato para los comicios.
«Con la nueva directiva, que ha significado una renovación de cuadros y la opción por los jóvenes, CREO ha empezado una nueva etapa de su vida política con miras a la participación electoral, cuyo fin es servir a los ciudadanos», reza un comunicado.
El actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, confirmó a principios de año que se presentará a la reelección a través de un partido propio, Acción Democrática Nacional (ADN), que todavía no se ha legalizado. Noboa se impuso en la segunda vuelta de las elecciones de octubre de 2023 a la candidata del correísmo, Luisa González, asumiendo entonces la presidencia para un periodo de apenas año y medio, al considerar que su mandato no es nuevo, sino que culmina el de Lasso.
Este último dejó el cargo tras convocar el denominado mecanismo de la ‘muerte cruzada’, mecanismo constitucional que implicó la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que había una «grave crisis política» derivada de un juicio político contra él por supuesta corrupción.
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno.
