La oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia ha celebrado el inicio de la investigación llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre desapariciones y asesinatos en el departamento colombiano del Valle del Cauca.
«Esta decisión es un avance importante en el acceso del derecho a la justicia que tienen las víctimas en este territorio», ha indicado en un mensaje en la red social X, agregando que reconocen «el esfuerzo que durante años han realizado las víctimas».
Esto se produce después de que la JEP citara hace dos semanas a declarar a doce altos mandos retirados del Ejército por los casos de ‘falsos positivos’ –civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros abatidos– registrados en el departamento colombiano del Valle del Cauca.
«Luego de la primera fase de investigación en Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, que ha llevado a que 55 comparecientes de la fuerza pública reconocieran su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, hoy la investigación del Caso 03 se enfoca en la fase nacional», indicó en un comunicado la JEP.
MEDIDAS CAUTELARES NACIONALES
La JEP ordenó en la víspera medidas cautelares a nivel nacional «para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada» en los once casos que investiga, entre ellos los ‘falsos positivos’ en el Valle del Cauca.
La JEP ha solicitado a las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de víctimas, que presenten informes antes del próximo 19 de abril relacionados con la búsqueda de desaparecidos, exhumaciones o identificación de cuerpos.
En el caso de las organizaciones civiles, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), podrán detallar en sus informes las prioridades y acciones específicas en el marco de todos estos procesos. El objetivo, según la JEP, es «unir esfuerzos que permitan desplegar acciones más eficientes que respondan a las demandas de las víctimas».
«La magistratura podrá plantear una radiografía inicial sobre lo que se está haciendo en todos los niveles de los entes territoriales para satisfacer los derechos de las víctimas de desaparición forzada», ha agregado.
Algunos de los desafíos que la JEP ha encontrado son la «falta de consolidación de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, la dificultad en el acceso a la información» o «el subregistro de víctimas de desaparición».
Por otro lado, el organismo también ha convocado una audiencia pública para los días 14 y 16 de mayo en las ciudades de Bogotá y Barrancabermeja, respectivamente, en las que estarán presentes organizaciones especializadas en Derechos Humanos.
La JEP es el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
