La Ley de protección de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, amparó en 2023 un total de 17.818 identificaciones policiales, aunque el Gobierno ha negado en respuesta a Sumar que estas actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se realicen por motivos raciales.
En una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, el Gobierno desglosaba las más de 202.000 identificaciones desde 2015, año en el que entró en vigor la ‘ley mordaza’ impulsada por el PP y cuya reforma fracasó en la anterior legislatura y ahora ha reactivado de nuevo Sumar, socio en el Gobierno de coalición.
DATOS POR PROVINCIAS
El Ejecutivo desglosa las identificaciones de acuerdo al artículo 16 de la ‘ley mordaza’ desde 2015, siendo este año el que más se llevaron a cabo al anotar 31.730, un dato que se fue moderando año tras año hasta las 17.818 identificaciones de 2023, lo que representa un 43% menos.
Por provincias, en el último año donde más identificaciones policiales por la ‘ley mordaza’ se practicaron fue Madrid, con 3.126; seguido por Valencia (2.062), Alicante (1.434), Murcia (1.321), Málaga (959), Cádiz (808), Granada (692) y Barcelona (657).
El diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita preguntó por las «identificaciones por motivos raciales» citando una investigación de la Universidad de Valencia. «Se trata de una práctica discriminatoria, contraria a la igualdad de trato», recordaba, añadiendo que dicha práctica había sido censurada por la justicia europea o por el Defensor del Pueblo.
El Ejecutivo comenzaba su respuesta señalando que «no se tiene constancia» de que exista un «perfil étnico» a la hora de practicar identificaciones conforme al artículo 16 de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
MENOS DEL 1% DE QUEJAS POR DISCRIMINACIÓN
En relación con las quejas ciudadanas formuladas en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno citaba el Real Decreto 951/2005 por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
«De las casi 35.000 quejas relacionadas con la calidad del servicio en el periodo 2020-2023, solo en 145 de aquellas –el 0,41% del total– se manifiesta la percepción e insatisfacción por haber sido objeto de discriminación con ocasión del servicio prestado, circunscrito al ámbito de la seguridad ciudadana», continuaba el Gobierno.
El Ejecutivo precisaba que, de esas 145 quejas, «se estima que en unas 65 ocasiones dichos servicios estarían relacionados con actuaciones policiales de identificación», subrayando que supone el 0,18% del total según el dato basado en el estudio muestral del primer trimestre del año 2023.
