Este sábado la comisión encargada de proponer la reforma del Código de Familia ha entregado su propuesta al primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, quien la presentará al monarca Mohamed VI para que le dé su visto bueno antes de su tramitación parlamentaria.
«La comisiónha trabajado con un amplio enfoque participativo a través de la organización de sesiones de audiencias de los distintos actores de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la mujer , la infancia y los derechos humanos, así como partidos políticos, sindicatos, magistrados, investigadores, académicos y organismos gubernametnales», ha explicado la agencia de noticias oficial marroquí, MAP, que no da cuenta del contenido de la propuesta.
Ajanuch ha manifestado su «sincero agradecimiento y gratitud» al monarca alauí por su propuesta de «amplio enfoque participativo» para dar un marco que permita a la familia marroquí «vivir plenamente y desempeñar su papel como pilar de la sociedad».
El proyecto de reforma del Código de Familia, conocido como ‘Mudawana’, se enmarca en el enfretamiento entre los sectores progresistas y conservadores del país africano y con asuntos como las herencias de las mujeres, la poligamia y el matrimonio infantil como los principales caballos de batalla.
El monarca marroquí abrió en 2022 el camino hacia una nueva reforma –que sería la primera desde 2004– y, ante la falta de progresos, dio el 26 de septiembre de 2023 un plazo de seis meses para la presentación de las propuestas, para las que se han celebrado cerca de 130 reuniones de consultas con instituciones, partidos y representantes de la sociedad civil.
Así, las autoridades procedieron a la creación de una dirección de correo electrónico para recibir diversas propuestas y recomendaciones que serían sopesadas durante las reuniones, entre peticiones por parte de partidos progresistas y organizaciones feministas para una reforma de amplio espectro, cuando no directamente una refundación de la ‘Mudawana’.
Las principales cláusulas de la revisión aprobada en 2004 incluían la elevación de la edad legal del matrimonio de los 15 a los 18 años –si bien dejaba en manos de los jueces posibles excepciones–, la igualdad en el derecho al divorcio –con el fin de la opción del repudio por parte del hombre sin un fallo judicial–, un fin de la poligamia si no hay autorización de un tribunal y el reconocimiento de la paternidad en los casos de hijos fuera del matrimonio.
Sin embargo, organizaciones como la Federación de Ligas de Derechos de las Mujeres (FLDF) han reclamado «una revisión completa y profunda» del Código de Familia «en cuanto a su filosofía, lenguaje y requisitos, según un comunicado publicado recientemente por la citada federación en su cuenta en la red social Facebook con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
UN «SISTEMA PENAL MODERNO»
En este sentido, la FLDF hizo hincapié en la necesidad de abordar «el sistema de herencia para ajustarlo a situaciones realistas y a los papeles modernos de la mujer, en conformidad con la Constitución y las convenciones internacionales de Derechos Humanos» y de cara a «garantizar la justicia y la igualdad».
La organización reclamó además un «sistema penal moderno» que «garantice los derechos y libertades» y «abola todas las formas de discriminación y violencia por motivos de género social», así como activar la acción estatal «para eliminar la violencia contra la mujer».
De esta forma, las principales peticiones por parte de los sectores reformistas giran en torno a la igualdad entre hombres y mujeres en asuntos de herencias familiares, en las que en la actualidad la mujer recibe el 50 por ciento de lo que recibe el hombre, así como en la tutela de los hijos, incluidos los casos de divorcio, dado que es asignada automáticamente a los hombres.
Por ello, piden la derogación de las excepciones judiciales a los matrimonios infantiles, que «pese a ser previstas para casos aislados, se han convertido finalmente en la norma general», según el último informe del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE), publicado a través de su página web.
El organismo afirmó que en 2022 se registraron más de 12.900 matrimonios infantiles en el país y destacó que «la amplitud del fenómeno es aún más preocupante dado a que las estadísticas oficiales no tienen en cuenta los matrimonios ‘no oficiales'».
«El fenómeno del matrimonio infantil supone un perjuicio significativo a la situación socioeconómica de las niñas y agrava el desarrollo económico y social en el país», explicó, al tiempo que apuntó que «hipoteca el futuro de las niñas al excluirlas del sistema educativo» y «favorece su anclamiento en la pobreza».
En esta misma línea, las organizaciones y sectores reformistas reclaman el fin sin ambages de la poligamia debido a la manga ancha de los tribunales a la hora de aceptar las supuestas excepciones a esta práctica, que en la actualidad supone algo menos del 0,5 por ciento del total de matrimonios.
CRÍTICAS DESDE LOS SECTORES ISLAMISTAS
En el otro lado del espectro, las formaciones islamistas han expresado su rechazo a este tipo de modificaciones del Código de Familia y han mostrado su adhesión a su interpretación de la jurisprudencia islámica de los textos religiosos, anclada en un mayor tradicionalismo.
El líder del PJD, el ex primer ministro Abdelilá Benkirán –quien ocupó el cargo entre 2011 y 2017–, alzó recientemente el tono contra el organismo encargado de preparar la revisión y anunció incluso «una marcha nacional de millones de personas», en el marco de sus acciones «para preservar la familia».
Así, afirmó que las propuestas presentadas en diciembre por el Consejo Nacional de Derechos del Hombre (CNDH) «contradicen los fundamentos religiosos y constitucionales de Marruecos» y sostuvo que «los sondeos confirman que los marroquíes no quieren una alternativa a los referentes religiosos y sus constantes en el Código de Familia», según el portal Yabiladi.
El partido, liderado desde 2007 por Saadedín Ozmani, cuenta en la actualidad con trece de los 395 escaños del Parlamento –una caída de 112 respecto a sus resultados de 2016– y ha mantenido históricamente una postura opuesta a la igualdad de género, siendo ya uno de los principales opositores a la reforma de 2004.
El PJD argumenta además que el rey de Marruecos, como ‘amir al muminin’ –príncipe de los creyentes–, debe defender la defensa de los valores islamistas conservadores y rechazar reformas que supongan lo que a sus ojos supondría alejarse de estas interpretaciones más rigoristas del islam en favor de avances en los derechos de la sociedad marroquí.
En una línea aún más conservadora se mueve la organización Al Adl ua Al Ihsanne (Justicia y Espiritualidad) –creada en 1973 por Abdesalam Yasín y tolerada por las autoridades de Marruecos, aunque no ha sido reconocida–, que cuenta con una cierta influencia entre los sectores más tradicionales y que afecta también las posturas del PJD.
Por ello, la presentación de la propuesta de reforma llega en un momento importante en el escenario político de Marruecos, dado que las organizaciones progresistas y feministas esperan progresos que lleven el país a acercarse a los estándares en Derechos Humanos y libertades fundamentales fijadas por las organizaciones internacionales.
La reforma de la ‘Mudawana’ tiene una gran importancia en el seno de la sociedad marroquí, ya que supone modificar las tradiciones y las estructuras sociales, algo que en el pasado ya fue motivo de tensiones, dado que algunos lo consideran un cuestionamiento de ‘statu quo’ y otros una necesaria emancipación de las mujeres del dominio masculino en Marruecos.
