El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha dado orden este jueves de que se entreguen a víctimas del terrorismo 130 millones de shekels (cerca de 32,4 millones de euros) recaudados en impuestos en nombre de la Autoridad Palestina y cuya transferencia al organismo que encabeza Mahmud Abbas ha sido suspendida en plenas tensiones por los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
«La Autoridad Palestina incita e impulsa el terrorismo pagando a las familias de terroristas, prisioneros y reos liberados», ha dicho Smotrich, quien ha recalcado que «en línea con los fallos judiciales que dieron compensaciones a las víctimas del terrorismo, extraemos estas cantidades de los fondos a la Autoridad Palestina y los entregamos a las familias de víctimas del terrorismo».
«He firmado una orden que entrega 130 millones de shekels de los fondos congelados a la Autoridad Palestina a las víctimas del terrorismo», ha subrayado Smotrich en su cuenta en la red social X, en la que ha descrito la medida como «justicia histórica».
El Banco Mundial alertó a finales de mayo que la Autoridad Palestina hace frente a la posibilidad de un «colapso financiero», situación que achacó a la suspensión de las transferencias de impuestos y a un «descenso masivo» de la actividad económica en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza y el aumento de las operaciones de seguridad en Cisjordania y Jerusalén Este.
Así, Estados Unidos alertó la semana pasada de un impacto «masivo» si la Autoridad Palestina colapsa por el bloqueo israelí a los fondos que recauda en su nombre. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, abogó porque Israel «revierta» la decisión y agregó que un colapso de la Autoridad Palestina podría ser «una amenaza inmensa» para el país.
A raíz de los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, Israel recauda estos fondos en nombre de la Autoridad Palestina y los transfieren de forma mensual, una vez descontados los gastos derivados de servicios como la electricidad y el agua. En los últimos años, estas entregas han sido congeladas en varias ocasiones ante las tensiones en el marco del conflicto palestino-israelí.
