Lisboa, 10 abr (EFE).- Menos impuestos, una subida muy gradual de los salarios y la derogación de algunas medidas del plan estrella de los socialistas para acabar con la crisis inmobiliaria son algunas de las medidas recogidas en el programa del Gobierno de centroderecha de Portugal de Luís Montenegro, que fue entregado este miércoles al Parlamento.
El programa, publicado en la web del Ejecutivo, será debatido entre mañana y el viernes en la unicameral Asamblea de la República y dos partidos, el comunista y el Bloco de Esquerda, ya han anticipado que presentarán mociones de rechazo para tumbar el Gobierno.
Estos son los puntos destacados del documento de 185 páginas:
Aumentar el salario mínimo nacional a 1.000 euros (unos 1.074 dólares) para 2028 (actualmente es de 820 euros), con vistas a que el sueldo medio llegue a los 1.750 euros en 2030.
Incrementar las ayudas a las pensiones más bajas hasta los 820 euros hacia 2028, «con el objetivo de una equipación con el salario mínimo nacional la próxima legislatura».
Reducción del Impuesto sobre los Rendimientos a Personas Individuales (IRS, en Portugal) para los contribuyentes que ingresen menos de 81.199 euros anuales con la disminución entre 0,5 y 3 puntos porcentuales de las tasas marginales.
Sobre las empresas, el Gobierno de Montenegro propone reducir el Impuesto sobre los Ingresos de Personas Colectivas (IRC), con una disminución gradual de dos puntos porcentuales por año.
El Ejecutivo quiere «evaluar» la modificación del régimen migratorio para que las autorizaciones de residencia se basen en contratos de trabajo, firmados previamente o a través de un visado «de búsqueda de trabajo».
El nuevo Gobierno pretende «eliminar de inmediato» algunas medidas del programa «Más vivienda», la propuesta estrella de los socialistas en la pasada legislatura para responder a la crisis inmobiliaria por los altos precios, como los alquileres forzosos y el congelamiento de los arrendamientos a través de subsidios a los más vulnerables.
Montenegro busca acabar con una tasa del 15 % que iba a comenzar a aplicarse sobre determinados alojamientos y apartamentos turísticos, que no estén en zonas del interior del país.
También se va a acabar con la expiración de las licencias al alojamiento local, algo que introdujo ‘Más Vivienda’ y que contemplaba una duración de cinco años de las nuevas autorizaciones.
El Gobierno presentará un plan de Emergencia para el Servicio Nacional de Salud (SNS) en los primeros 60 días de su mandato, para garantizar que las listas de espera no se eternicen para consultas de especialidades, cirugías y diagnósticos, entre otros.
Para combatir esta lacra, el programa indica una regulación de las acciones de ‘lobby’ y la creación del delito de enriquecimiento ilícito, que no existe en Portugal.
El Ejecutivo va a reestructurar los ciclos de enseñanza básica, integrando el primero y el segundo. Pretende integrar la educación entre los 0 y los 3 años en el sistema tutelado por el Gobierno y aumentar el acceso universal y gratuito a guarderías, aumentando la oferta pública, a través de acuerdos con «el sector social, privado o cooperativo».
Además, va a implementar pruebas de evaluación de Portugués, Matemáticas y de una asignatura rotativa cada 3 años en el 4º y 6º año, al fin de cada ciclo, que serán universales y obligatorias, en sustitución de las pruebas de evaluación actualmente vigentes.
El gabinete quiere desarrolla programas específicos para reducir la pérdida de agua en las redes de abastecimiento, reforzar la capacidad de los embalses, incrementar la reutilización de las aguas residuales depuradas y acelerar la construcción de plantas.
Montenegro se propone lanzar el proceso de privatización del capital social de la aerolínea TAP, propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % tras aumentar su posición para salvarla después de los daños sufridos por la pandemia, y actualmente está bajo un plan de reestructuración.
Aparte de confirmar su vocación europeísta y su apoyo a Ucrania, el Gobierno luso «luchará» por la adopción de la solución de dos Estados en Oriente Medio, «reconociendo el derecho de legítima defensa de Israel contra el terrorismo», reclamando la libertad de todos los rehenes y abogando por el derecho internacional.
También defiende «un alto el fuego que facilite la ayuda humanitaria» y el establecimiento de negociaciones con vistas a una paz duradera que «pasará por la autodeterminación del pueblo palestino». EFE
ssa/gad
