Bogotá, 25 abr (EFE).- Unos 6,9 millones de los 8,6 millones de desplazados que tiene Colombia aún necesitan de asistencia o reparación a sus derechos, reveló este jueves la IV Encuesta Nacional de Verificación 2023 sobre las condiciones de vida y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.
«La población desplazada por causa del conflicto armado en Colombia continúa siendo la población más vulnerable entre las más vulnerables del país», aseguró el economista Luis Jorge Garay, director de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y quien lideró el Informe sobre la encuesta.
En ese sentido, «el 19 % de la población desplazada actualmente pertenece a los pueblos afrodescendientes, raizales o palenqueros (…) el 5 % pertenecen a pueblos indígenas», añadió.
El documento fue elaborado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Unidad para las Víctimas (UARIV).
Para la encuesta fueron realizadas, entre mayo y agosto del año pasado, 9.715 entrevistas en hogares de población desplazada y 1.982 en población vecina en 80 municipios de 31 de los 32 departamentos colombianos.
Según reveló la encuesta, en Colombia el tamaño de los hogares de población desplazada ha disminuido, pues pasó de 4,8 personas en 2010 a 3,7 en 2023.
El documento también muestra el 76,1 % de hogares con población desplazada vive en situación de pobreza monetaria, mientras que el 40,6 % del total están en pobreza extrema.
Entre los desplazados, la tasa de desempleo es del 17,6 % y la de informalidad del 82,4 %.
En cuanto a la población ocupada, el 21,8 % recibe ingresos laborales mayores a un salario mínimo y el 10,9 % menos, mientras que el 58,5 % de los hogares de desplazados se vio en la necesidad de endeudarse.
La saliente directora de la UARIV, Patricia Tobón, aseguró que la presentación de la encuesta es «muy importante porque es el reconocimiento a una experiencia y análisis que se han hecho y deben ser reconocidos por las instituciones».
«Hay que atender a los desplazados que han esperado esto del Gobierno del cambio, que esperan que esto deje de ser una crítica y se avance en el goce efectivo de derechos», expresó.
Entre tanto, la representante de la ACNUR en Colombia, Mireille Girard, cree que «Colombia como país necesitaba tener una visión actualizada del estado de los derechos de la población desplazada después de la firma del acuerdo de paz» entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.
«Colombia se encuentra en un momento crucial para encontrar soluciones duraderas para las víctima de desplazamiento (…) Hay avances, hay estancamientos y hay esperanza para solucionar la situación de millones de personas», manifestó.
Finalmente, el director de Codhes, Marco Romero, celebró la «oportunidad histórica» que supone la encuesta «para dar un salto cualitativo» para las víctimas de desplazamiento forzado.
