El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha afirmado este martes que espera completar a finales del próximo año la investigación sobre crímenes de guerra en Libia, señalando que entre los objetivos está buscar más órdenes de arresto para apoyar el inicio del proceso judicial.
«La mejora continua de la cooperación con las autoridades libias es importante en la estrategia para completar la fase de investigación. (…) Si somos reales y sinceros con que todas las vidas humanas importan por igual, la ley se tiene que aplicar en Libia como en cualquier otra situación», ha declarado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En este sentido, ha acogido con «satisfacción» los recientes acontecimientos «positivos», como los visados de entrada múltiple emitidas a su equipo, y ha anunciado que está abriendo una oficina en Trípoli para profundizar la cooperación. Así, ha pedido un cambio de paradigma en la asociación en las relaciones entre las autoridades locales y el TPI al entender que el Estado de derecho debe aplicarse.
Khan, que ha presentado la hoja de ruta para los próximos 18 meses, ha declarado que su oficina ha «hecho un gran progreso en la investigación de la situación» a través de identificar crímenes en centros de detención, de operaciones realizadas entre 2014 y 2020 y contra migrantes. «No presagiamos una reducción gradual de nuestro trabajo», ha manifestado.
«Lo más importante es que la hoja de ruta es algo que las víctimas pueden considerar no como palabrería, sino como algo impactante y significativo para promover su derecho a la justicia. Presenta una oportunidad para implementar de manera significativa la resolución (de la ONU)», ha sostenido.
Por otro lado, ha concluido su declaración instando a la comunidad internacional a aprovechar el momento para renovar el compromiso con la justicia penal internacional, enfatizando que el TPI no está impulsado por intereses políticos sino por la dedicación a defender el principio de igualdad ante la ley y proteger a los vulnerables.
Por su parte, Libia ha subrayado que la situación actual «no puede considerarse aislada de la magnitud de las injerencias extranjeras y su efecto directo en el país durante los últimos 14 años. «La justicia en suelo libio es un deber soberano», ha afirmado, señalando que la cooperación de su país con la Corte es complementaria al poder judicial nacional y «nunca lo sustituye».
