El Consejo Supremo Electoral de Turquía ha confirmado este lunes la victoria de la principal formación política opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), en los comicios locales del domingo, con una ventaja de algo más de dos puntos sobre el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
El presidente del Consejo, Ahmet Yener, ha confirmado este lunes ante los medios que el CHP se ha impuesto en 35 provincias, con victorias en plazas clave como Ankara y Estambul, mientras que el AKP se ha tenido que conformar con 24, si bien gobernará en un total de 324 ayuntamientos, más que su rival directo.
Por su parte, el Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), heredero del heredero del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), ha hecho valer su capacidad de movilización en las regiones de mayoría kurda para hacerse con diez provincias, según los resultados provisionales.
El ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), aliado de Erdogan, se ha impuesto en diez provincias, tras un declive que, según su líder, Devlet Bahceli, debe derivar en una profunda reflexión. Así, ha llamado a escuchar el «mensaje democrático» surgido de las urnas y «remangarse» para analizar qué ha podido pasar, según un comunicado recogido por el diario ‘Hurriyet’.
SIN INCIDENTES
El presidente de la comisión electoral ha destacado en su mensaje de este lunes que «las elecciones concluyeron sin problemas», con una tasa de participación del 78,11 por ciento, lejos no obstante del 84 por ciento registrado tanto en las locales de 2019 como en las presidenciales de 2023.
El líder del CHP, Ozgur Ozel, ha identificado la «histórica» votación del domingo como el inicio de un cambio político en Turquía, mientras que Erdogan se ha comprometido en su primer discurso, pronunciado de madrugada, a «identificar las razones» de estos resultados y «corregir errores».
El ministro de Finanzas turco, Mehmet Simsek, ha aclarado sin embargo en redes sociales que el Gobierno no prevé salirse de la hoja de ruta económica que fijó en septiembre y que contempla medidas como el control del gasto o el recorte del crédito. El «principal objetivo» sigue siendo reducir la tasa de inflación por debajo del 10 por ciento –en marzo se disparó por encima del 67 por ciento–.
