El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha considerado «inapropiada» la decisión tomada este jueves por Israel de entregar a víctimas del terrorismo 130 millones de shekels (cerca de 32,4 millones de euros) recaudados en impuestos en nombre de la Autoridad Palestina, cuya transferencia al organismo que encabeza Mahmud Abbas ha sido suspendida en plenas tensiones por los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
«No es apropiada. Hemos dejado muy claro al Gobierno de Israel que estos fondos pertenecen al pueblo palestino. Deberían transferirse inmediatamente a la Autoridad Palestina. No deberían haber sido retenidos. No deberían retrasarse», ha expresado Miller durante una rueda de prensa.
En ese sentido, ha insistido en que el dinero pertenece al pueblo palestinos y que «es importante» que el Gobierno tenga acceso a estos fondos para llevar a cabo sus actividades, destacando que la Autoridad Palestina «ha trabajado increíblemente duro» para mantener la estabilidad en Cisjordania durante años, y «especialmente» tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre desde la Franja de Gaza.
«Hemos planteado a Israel que este tipo de decisión es extraordinariamente contraproducente. No solo perjudica al pueblo palestino, sino también a los intereses de Israel. (…) Y este tipo de acción por parte del Gobierno israelí corre el riesgo de desestabilizar Cisjordania y perjudicar aún más la propia seguridad de Israel. Creemos que es una decisión extraordinariamente equivocada», ha añadido.
El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha tomado esta decisión al considerar que «la Autoridad Palestina incita e impulsa el terrorismo pagando a las familias de terroristas, prisioneros y reos liberados», y la ha calificado de «justicia histórica» tras mencionar los fallos judiciales que han compensado a víctimas del terrorismo.
El Banco Mundial alertó a finales de mayo que la Autoridad Palestina hace frente a la posibilidad de un «colapso financiero», situación que achacó a la suspensión de las transferencias de impuestos y a un «descenso masivo» de la actividad económica en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza y el aumento de las operaciones de seguridad en Cisjordania y Jerusalén Este.
A raíz de los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, Israel recauda estos fondos en nombre de la Autoridad Palestina y los transfieren de forma mensual, una vez descontados los gastos derivados de servicios como la electricidad y el agua. En los últimos años, estas entregas han sido congeladas en varias ocasiones ante las tensiones en el marco del conflicto palestino-israelí.
