La militarización de las prisiones y la imposición del estado de excepción debido al conflicto armado interno no lograron prevenir que los prisioneros de la Cárcel Regional de Guayaquil desencadenaran una revuelta, exigiendo que el gobierno retire a los miembros de las Fuerzas Armadas de los centros penitenciarios. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los reclusos usaron sus teléfonos móviles para documentar la toma violenta de la prisión. Esta vez, las transmisiones en TikTok dieron las alertas sobre el incidente.
Los videos mostraban a los presos con sus rostros cubiertos en medio de las llamas, pues incineraron los colchones de la cárcel: “Estamos cansados de los abusos”, gritaban. “La guerra con los militares se ve así”, se escucha decir a un preso en uno de los videos difundidos en las redes sociales. En contraste con otros episodios de violencia carcelaria, esta vez el motín no surgió de enfrentamientos entre bandas criminales, sino que los reclusos expresaron su descontento con la intervención del Estado.
En las grabaciones también se escucharon detonaciones. El amotinamiento sucedió en la misma penitenciaría donde alias Fito estaba preso y cuya fuga desencadenó . Las personas que habitan en los alrededores de la prisión también utilizaron las plataformas digitales para mostrar el incendio en el centro de rehabilitación.
Cerca de la 1 de la madrugada del 28 de marzo, las fuerzas del orden anunciaron que retomaron el control de la prisión.
La primera información oficial se emitió a las 10 de la noche, pese a que desde las 8 los periodistas insistentemente pedían a las autoridades un pronunciamiento. Entonces, las Fuerzas Armadas aseguraron que: “Se han activado todos los protocolos de seguridad y se ha retomado el control con éxito en un 80 %”. La última comunicación de las fuerzas militares se difundió cerca de la 1 de la madrugada: “El Bloque de Seguridad informa que la situación en los pabellones de máxima, mínima del Centro de Rehabilitación Social 4 Regional, se encuentra bajo control”.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa resaltó la labor de las fuerzas del orden en su cuenta de X: “Agradezco la valentía del bloque de seguridad que en un operativo profesional, urgente y de gran escala desplegado por las fuerzas del orden, neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada”. Pese a que parte del mensaje de Noboa señalaba que no se puede “volver al Viejo Ecuador”, el amotinamiento, la falta de comunicación inmediata y la respuesta reactiva del gobierno recordaron a los levantamientos violentos que han sucedido en las prisiones desde 2021.
En las redes sociales, los cuestionamientos hacia Noboa y su administración se centraron en cómo fue posible que los reclusos se amotinaran en una cárcel militarizada, por qué nadie lo anticipó y cómo lograron ingresar los objetos utilizados para incendiar las colchonetas del penal. Las críticas se intensificaron principalmente porque el motín estalló justo un día después del mega operativo supervisado por el presidente en un barrio conflictivo de Guayaquil, horas antes de que Mayra Salazar, procesada del caso Metástasis, rinda su testimonio anticipado y a pocos días del 8 de abril, cuando concluirá el estado de excepción.
Un día antes de la revuelta alrededor de 1.600 policías y militares intervinieron una zona roja de Guayaquil. (REUTERS/Santiago Arcos) (Santiago Arcos/)
El gobierno de Daniel Noboa lleva en marcha el Plan Fénix, como han denominado a la estrategia de seguridad, que busca, entre otros equipar a las fuerzas del orden y generar una central unificada de inteligencia. Sin embargo, los detractores de Noboa han señalado que la militarización es un estrategia con efectos más psicológicos que reales. Según las últimas cifras oficiales, las muertes violentas se redujeron en el país en un 18% desde que se declaró el conflicto armado interno.
Por otro lado, los partidarios del gobierno han afirmado que el motín tiene motivaciones políticas porque pretendería disminuir el alto nivel de aprobación del mandatario para influir en los votantes y persuadirlos a oponerse a la consulta popular promovida por el Ejecutivo. En esta consulta se plantean interrogantes sobre la extradición y la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
