El gobierno planea eliminar el subsidio para ciertas gasolinas. (La Prensa Riobamba)
El gobierno discute una propuesta que ha generado, desde el 2019, varias protestas: la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Aunque la medida de liberación de los precios de algunos tipos de gasolina no se ha implementado, el Frente Popular ha organizado dos días de manifestaciones, el 12 y 13 de junio, comenzando en Quito a las 16h00 del miércoles con una concentración en los bajos de la Caja del Seguro Social desde donde los participantes marcharán hacia el Centro Histórico de la capital, un trayecto de aproximadamente 6 kilómetros. El jueves, las protestas se extenderán a las provincias, con el objetivo de entregar cartas de rechazo a las gobernaciones, según anunciaron los representantes sindicales a los medios locales.
El Frente Popular indicó que participarán de las marchas diversas agrupaciones como organizaciones barriales, comerciantes autónomos, estudiantes universitarios y colectivos feministas como Mujeres por el Cambio. Carlos Castellanos, dirigente de los vendedores autónomos, criticó la eliminación de los subsidios y recordó que el aumento del IVA, justificado por el gobierno como una medida para combatir la inseguridad, no ha logrado reducir los niveles de criminalidad, de acuerdo con una publicación de Primicias. Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, hizo un llamado público a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y a la Ecuarunari para que movilicen a sus bases hacia Quito el miércoles. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, ha expresado su disposición a encabezar las marchas, señalando que no teme “perder votos” de cara a las elecciones presidenciales de 2025 por apoyar estas manifestaciones, según informó Primicias y Teleamazonas.
Los líderes del Frente Popular rechazaron que el gobierno no haya dialogado con las organizaciones sindicales para plantear la propuesta de eliminación de subsidios y sugirieron que, para que el Estado no liberalice el precio de los combustibles, se cobre los impuestos a los grandes grupos económicos o que se pida una moratoria en el pago de la deuda externa.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca implementar una propuesta que incluye la compensación para los transportistas. (EFE/ Chema Moya)
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En una entrevista con Primicias, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló que el 53% del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís beneficia a población que gana más de USD 1.809 al mes: “Considerando que el Estado destinará USD 631 millones al subsidio de ambas gasolinas de bajo octanaje en 2024, eso quiere decir que las personas que ganan más de USD 1.809 al mes perciben un beneficio de USD 334,43 millones en este año”, recogió el medio.
El Ministerio de Transporte abrió un registro para los dueños de taxis, tricimotos y camionetas reguladas para que ingresen sus datos y, posteriormente, puedan beneficiarse de una compensación que el gobierno planea dar a los transportistas para evitar focalizar el subsidio. Más de 80.000 personas se beneficiarían de esta subvención, según prevé la cartera de Estado.
Fotografía de archivo donde se muestra a un grupo de manifestantes que se enfrentan a la policía durante las protestas contra el Gobierno de Ecuador el 12 de octubre de 2019 en Quito. (EFE/Paolo Aguilar/Archivo)
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En octubre de 2019, el gobierno de Lenín Moreno anunció la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Esto desató jornadas de protestas que se extendieron por 12 días. Los cruces entre la fuerza pública y los manifestantes dejaron seis muertos, según el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia. Otras 22 personas resultaron heridas con lesiones permanentes, como la pérdida de un ojo, por ejemplo. La Policía, en cambio, informó que hubo 470 policías agredidos y que 208 agentes fueron secuestrados. Las protestas fueron lideradas por la Conaie.
Estas jornadas de protesta serán un termómetro crucial para medir el nivel de apoyo y oposición a su administración. Aunque Noboa llegó a tener una aceptación de alrededor del 70 % en abril, cuando se celebró la Consulta Popular; ahora su aceptación es del 48%, según la encuesta de CID Gallup.