Tegucigalpa, 03 jun (EFE).- La Policía de Honduras desalojó este lunes de manera pacífica a decenas de empleados del Instituto de la Propiedad (IP) que ocupaban desde el pasado viernes el Centro Cívico Gubernamental, donde funcionan la mayoría de las oficinas del poder Ejecutivo, informó una fuente oficial.
«Se acaba de desalojar por la vía pacifica la toma» que mantenían los empleados del Instituto de la Propiedad en el Centro Gubernamental, dijo el presidente del consejo directivo del IP, José Cardona, en declaraciones al Canal 3 de la televisión hondureña.
Agregó que los trabajadores del IP fueron desalojados del Centro Cívico luego de «una negociación en la que se les garantizaron, aparte de todos sus derechos y su derecho a la protesta, que no van a ser despedidos».
La Policía Nacional de Honduras había anunciado que estaba dispuesta a utilizar la fuerza para desalojar a los empleados del Instituto de la Propiedad, sino desocupaban el Centro Gubernamental «a la mayor brevedad posible».
La protesta de los trabajadores del IP comenzó el pasado viernes, un día después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la intervención del Instituto de la Propiedad (IP) por presuntos actos de corrupción al financiar la construcción de viviendas e inscribir ilegalmente terrenos y vehículos.
Castro indicó en X el pasado jueves que ha sido informada sobre “denuncias sobre inscripciones ilegales (en el IP) de terrenos y vehículos, las cuales están siendo investigadas por los organismos competentes”.
Denunció además que la institución hondureña erogó más de «18.000 millones de lempiras (729,1 millones de dólares) sin registros fiables y violando la ley, adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del Fideicomiso, que era la transformación digital del IP”.
Cardona señaló que la intervención del Instituto de la Propiedad «no se trata de una persecución política para nadie» y anunció que el Centro Cívico operará «con normalidad» este martes.
Enfatizó que la empresa encargada de la operación del Centro Cívico, que alberga a 10.000 empleados de 32 instituciones estatales, realizará un informe e inspeccionará las instalaciones para determinar «si hubo o no daños».
El funcionario explicó que los manifestantes son «seguidores» del diputado oficialista Jorge Cálix que consideran que el anuncio de la presidenta Castro de «perseguir y denunciar las irregularidades encontradas en el IP», se trata de una «persecución política».
«Tal postura no solo es errónea, sino que no representa a los valores democráticos que tiene nuestro Gobierno y tal como se verá en las próximas semanas o meses, solo se hará deducción de responsabilidades a la gente que haya tenido algo que ver en algún acto de irregularidad de los denunciados», enfatizó. EFE
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