El proyecto establece que la eutanasia deberá realizarse por un médico con licencia.
El congresista Jorge Flores Ancachi, del partido Acción Popular, ha presentado esta semana el proyecto de ley N.° 7908/2023-CR para incluir la eutanasia en el Código Penal peruano. Esta iniciativa permitiría la práctica de la eutanasia a pacientes con enfermedades terminales o condiciones médicas graves y persistentes que causen sufrimientos intensos y constantes.
El proyecto establece que la eutanasia deberá realizarse por un médico con licencia, siempre y cuando el paciente haya expresado un consentimiento expreso, libre e informado. Este consentimiento deberá ser registrado en un documento escrito, con firmas corroboradas ante un notario público o una autoridad competente.
Además, la decisión del paciente deberá ser evaluada y validada por un comité ético compuesto por un médico especialista en la enfermedad que padece el paciente, un psicólogo o psiquiatra, y un abogado. Este comité se encargará de confirmar que la decisión se ha tomado de manera libre, sin coacción o influencia indebida, y que el paciente tiene pleno entendimiento de su situación y alternativas disponibles.
Solicitud requerirá una segunda evaluación
Congresista Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular. (Foto: Andina)
Para asegurar la transparencia y validación del proceso, se requerirá una segunda evaluación por un médico independiente que confirme el diagnóstico y la competencia del paciente para tomar decisiones. En ese sentido, Flores Ancachi destacó la importancia de analizar cómo las políticas gubernamentales y las leyes en Perú abordan la cuestión de la eutanasia.
Además, hizo hincapié en la necesidad de ofrecer una comprensión profunda de cómo este tema se entrelaza con la dinámica política y cómo las acciones de los actores políticos pueden influir en su tratamiento y regulación en el futuro.
El procedimiento de eutanasia deberá llevarse a cabo en un establecimiento de salud autorizado, siguiendo los protocolos establecidos por la autoridad de salud competente. “Todo acto de eutanasia que no cumpla estrictamente con los requisitos establecidos en este artículo será considerado homicidio”, indica la iniciativa legal.
En el fundamento del proyecto, Flores Ancachi señala que “la postura política de Perú respecto a la eutanasia refleja los valores y las aspiraciones de su sociedad, así como su compromiso con el respeto a los derechos individuales y la dignidad humana en el contexto de la atención médica y los cuidados al final de la vida”.
Asimismo, subrayó que los argumentos a favor de la eutanasia están principalmente relacionados con la liberación del paciente de todo dolor y sufrimiento, frente a una condición médica sin escapatoria cuyo pronóstico apunta a la muerte.
Ya hubo dos casos en el Perú
En la imagen, la peruana Ana Estrada, mujer que sufre de polimiositis, enfermedad degenerativa muscular. EFE/Paolo Aguilar/Archivo
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La propuesta recuerda el primer caso de eutanasia en Perú, autorizado judicialmente para la activista Ana Estrada. Posteriormente, se conoció el caso de María Benito Orihuela, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica avanzada que solicitó discontinuar el tratamiento médico que prolongaba artificialmente su vida. Ambos casos han generado un debate significativo sobre los derechos del paciente y su autodeterminación en situaciones de salud terminales.
El congresista Flores enfatizó que “la eutanasia se considera un acto de piedad, que además respeta el derecho a la autodeterminación del paciente, único dueño de su propia vida”.
Aclara también que la aprobación de la eutanasia no necesariamente conlleva impactos negativos en la sociedad desde un punto de vista moral, insistiendo en que no se trata de que cualquiera pueda acceder a este procedimiento, sino que está destinado específicamente para condiciones médicas muy específicas.
Como se recuerda, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su rechazo hacia la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, la primera ciudadana en Perú en acceder a este procedimiento tras años de lucha legal en los tribunales.
Los obispos de Perú, a través del CEP, han calificado de vulneración el “derecho inalienable a la vida”, subrayando que no existe justificación para terminar con la vida de una persona, independientemente de las circunstancias.
