La noticia de que esta empresa pidió un salvavidas a la Superintendencia de Sociedades impactó a la industria – crédito Supersociedades
La investigación por irregularidades en materia de contrato de la Superintendencia de Sociedades contra las autoridades del fútbol profesional colombiano y los clubes afiliados, ha empezado a dar fruto de cara a encontrar responsables.
El primer directivo de un club ya fue sentenciado con una sanción económica. La penalización se debe a inconsistencias en la contabilidad y los estados financieros comparativos de los años 2021 y 2022 de la sociedad deportiva.
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Primer responsable que tiene que rendir cuentas y pagar multa
La sanción se deriva de la incorporación en los registros contables de un activo intangible denominado “derechos de afiliación”, que representaba el 42.21% del total de activos a 31 de diciembre de 2022.
Renato Ricardo Damiani Simmonds, representante legal del Real Cartagena Futbol Club S.A., fue sancionado con una multa de treinta millones ciento quince mil doscientos cincuenta pesos ($30.115.250) por la Superintendencia de Sociedades.
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Según la Superintendencia de Sociedades, esta partida violaba el párrafo 18.9 de la Niif para Pymes, ya que la sociedad no realizó pagos por este concepto a la Dimayor. Además, en la contabilidad se incluyó un inmueble cuyo título de propiedad pertenece a un tercero, lo que contraviene la realidad y normativa vigente.
Renato Damiani reconoció los errores de contabilidad y se allanó a los cargos formulados, hecho que se consideró al determinar la cuantía de la sanción.
“La irregularidad contable debe concebirse como la desviación de la verdad en el reconocimiento, medición o valuación, registro contable y revelación necesaria en las notas contables de los hechos económicos”, explicó Billy Escobar Pérez, Superintendente de Sociedades.
La sociedad Real Cartagena está en proceso de reorganización empresarial, y la sanción se centra en la correcta administración de sus activos y pasivos. Damiani tiene la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación contra la decisión de la Superintendencia de Sociedades.
