La Comisión Europea considera que no existe ya «un riesgo claro de ruptura grave» del Estado de derecho en Polonia por lo que se dispone a desactivar el mecanismo sancionador del Artículo 7.1 del Tratado de la UE, un instrumento que prevé para los casos más graves la suspensión del derecho a voto del país afectado en la toma de decisiones a Veintisiete.
Bruselas dio el primer paso para activar el proceso en diciembre de 2017 tras dos años de diálogo sin éxito con Varsovia para corregir la situación. Los servicios comunitarios actuaron entonces porque les preocupaba que las reformas del sistema judicial dañaran la independencia de los jueces y sometiera al Poder Judicial al control del Gobierno.
Ahora, en una nota que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de Derecho y Justicia, Vera Jourova, ha remitido al Consejo y al Parlamento se informa a estas instituciones de que en base a una reevaluación de la situación la Comisión considera que no existe una amenaza grave y, por tanto, retirará su propuesta inicial de aplicar el Artículo 7.1, lo que en la práctica dejará sin efecto el procedimiento.
«Aunque es necesario continuar el trabajo, las acciones tomadas hasta el momento nos permiten concluir que el riesgo claro de una violación grave del Estado de derecho ya no existe», ha expresado Jourova en un comunicado para defender la decisión comunitaria.
En concreto, la reevaluación pone en valor el ‘plan de acción’ polaco por el que el Ejecutivo de Tusk se compromete a llevar a cabo reformas legislativas y otras medidas no legislativas que protejan la independencia del sistema judicial y fortalezcan el Estado de derecho en el país. Varsovia también ha reconocido la primacía del Derecho comunitario y se ha comprometido a respetar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otro de los escollos con el anterior gobierno.
Tras cinco años en los que no hubo avances avances, el cambio ahora de Gobierno en Polonia con la salida del ultraconservador Mateusz Morawiecki y la vuelta de Donald Tusk como primer ministro –de la familia del Partido Popular Europeo y predecesor de Charles Michel al frente del Consejo Europeo– rebajó la tensión y permitió los primeros gestos de acercamiento entre Bruselas y Varsovia, incluido el primer desembolso en abril de 6.300 millones del fondo anticrisis de la UE.
La adopción de un programa claro en forma del ‘plan de acción’ y el hecho de que Polonia haya dado los primeros pasos concretos para implementar dichos compromisos, junto con el reconocimiento de que es necesario reforzar el Estado de derecho son algunas de las claves que este mismo lunes ha subrayado un portavoz de Jourova para defender que la decisión de Bruselas se basa en un análisis objetivo que rebaja la preocupación y negar así que se deba al simple cambio de Gobierno.
Aunque la decisión de revocar el proceso del artículo 7.1 del Tratado de la UE recae únicamente en la Comisión Europea, que retirará su propuesta de activarlo, Bruselas no ha dado una fecha clara de cuándo se producirá y esperará a discutir el asunto con los 27 en la próxima reunión de ministros de Asuntos Generales (prevista para el 21 de mayo).
