Lima, 27 may (EFE).- El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este lunes que la presidenta de su país, Dina Boluarte, es víctima de «una persecución inconstitucional e ilegal», que atribuyó al Ministerio Público.
«Esta no es sino una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se viene haciendo contra la presidenta de manera inconstitucional e ilegal», declaró Adrianzén al Canal N de televisión.
El primer ministro reaccionó de esa manera ante la denuncia que presentó este lunes contra Boluarte la Fiscalía de la Nación (general) «como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado» por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.
El primer ministro consideró que esa acusación se ha presentado «cuando se te agotan los argumentos» y «no tienen sino que recrear la imaginación para crear delitos donde no existen».
«Nos sentimos verdaderamente ofendidos y afectados porque toda esta maraña de acusaciones fiscales no hace sino menoscabar las funciones constitucionales de la presidenta», añadió.
Recordó que, por ese motivo, el Ejecutivo ha decidido presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de competencias contra las acciones que toman el Ministerio Público y el Poder Judicial contra la gobernante.
«El único propósito es que el TC determine cuáles son los únicos casos en los que la institución de la presidencia de la República puede ser objeto de una investigación», dijo.
Tras considerar que «hay que aclarar este punto de manera definitiva», Adrianzén sostuvo que la denuncia presentada por la Fiscalía será declarada improcedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la primera instancia Legislativa encargada de ver este caso.
La denuncia contra Boluarte fue presentada por la Fiscalía ante el Congreso en un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.
La primera vez que se utilizó esta figura contra un gobernante en ejercicio fue durante el mandato de Pedro Castillo (2021-2022), lo que abrió entonces un debate jurídico, puesto que el artículo 117 de la Constitución recoge que un presidente solo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones o por disolver el Congreso de forma irregular.
En el caso de Boluarte, en marzo pasado una investigación periodística reveló que la mandataria contaba con una gran colección de relojes de lujo que no había declarado a la autoridad electoral, lo que desembocó más tarde en la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía.
Boluarte dijo en un primer momento que los relojes eran suyos «fruto de su esfuerzo», pero semanas después reconoció que «eran un préstamo» del gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y afirmó que había sido «un error político» aceptarlos.
La tesis fiscal sostiene ahora que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coinciden con visitas que este realizó a la presidenta, y afirma que el Ejecutivo emitió varios decretos que habrían beneficiado al gobernador y su región.
Lo que indicaría que la jefa de Estado habría actuado «dolosamente» al recibir como «donaciones» estos objetos. EFE
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