El Gobierno de Andorra ha anunciado este jueves un «ambicioso» plan de medidas para poner al mercado un total de 1.500 pisos de alquiler en un plazo de tres años.
En un comunicado, explican que el objetivo es «avanzar hacia un crecimiento sostenible» y aportar soluciones a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda de alquiler.
Las medidas «de choque» quedarán recogidas en un futuro proyecto de ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda, que incluirá cuestiones como la «cesión obligatoria temporal de pisos vacíos», la prohibición de nuevas licencias de viviendas de uso turístico y de apartamentos turísticos con un sistema de caducidad, revocación de permisos ya otorgados o la limitación de adquisición de un máximo de dos inmuebles para los no residentes en el país.
El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha afirmado que son «medidas inmediatas» que quiere implementar a lo largo de este año y que responden a retos que deben de ser afrontados.
A su juicio, se requieren medidas decididas y valientes para hacer compatible el turismo y la construcción con «un crecimiento armónico» que respete el medio natural y el derecho de los ciudadanos a la vivienda, ha apuntado.
PISOS VACÍOS
La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha avanzado que el proyecto de ley incluirá la «incorporación obligatoria» de los pisos vacíos al mercado de compra o alquiler, si bien antes se trabajará para terminar el censo de viviendas vacías.
Se trata de una medida que, según los cálculos del Gobierno andorrano, podría aportar al mercado «unos 800 pisos», ha dicho la ministra.
En base a los datos del censo, se notificará al propietario del que se tenga constancia que tiene su vivienda desocupada, momento en que podrá justificar el motivo y se le dará un plazo de tres meses para ponerlo en el mercado.
Igualmente, se prevé que pueda ceder «voluntariamente» su piso vacío al Gobierno para que pase a formar parte del parque público de viviendas a un precio asequible a cambio de una contraprestación económica.
Si el propietario no acepta las opciones anteriores, se podrá activar, también con contraprestación, una «cesión obligatoria temporal» del uso de la vivienda al Gobierno o al Instituto Nacional de la Vivienda para incorporarlo al parque público.
El propietario mantendrá, sin embargo, la opción de recuperar el inmueble en todo momento «mientras lo siga destinando a alquiler o a venta».
SECTOR TURÍSTICO
Debido a la «presión» que el turismo ejerce sobre la vivienda, el ministro titular de la cartera, Jordi Torres, ha explicado que se apuesta por prohibir indefinidamente —literalmente– la concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos.
Sobre las licencias ya otorgadas, se implementará un sistema de caducidad temporal, que se podrán renovar cada tres años si se cumplen «criterios de calidad».
Las licencias de viviendas de uso turístico que se encuentren en un edificio donde menos del 30% del total de viviendas se dediquen a la actividad turística se les revocará la licencia en un plazo de tres años.
Según Torres, habrá «unos 650 pisos» afectados por esta medida, lo que supone un 25% del total de viviendas de uso turístico del país.
Igualmente, se ha previsto un incremento de la tasa turística en un plazo de un año y también se estudiará la implementación de una viñeta para circular en vehículo privado o autobuses de línea internacional para visitantes que no pernocten.
INVERSIÓN EXTRANJERA
También se ha acordado que las personas con menos de dos años de residencia en el país solo podrán adquirir «un máximo de dos bienes inmuebles».
El Gobierno también ha decidido prohibir las promociones inmobiliarias extranjeras, excepto, «si están destinadas al mercado de alquiler».
