La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que el Gobierno de Irán ha puesto en marcha desde 2022 una «represión implacable», que ya en 2023 ha dejado más de 850 ejecuciones, la cifra más alta en ocho años.
De acuerdo con su último informe publicado este jueves, ‘No dejen que nos maten’, Amnistía ha denunciado el «vertiginoso» aumento de las ejecuciones, tanto por delitos de drogas, como por otros más ambiguos relacionados con la oposición política y religiosa a fin de «infundir miedo» y acabar con la disidencia.
El número de ejecuciones en 2023 ascendió a las 853, destacando que la mitad de ellas –unas 480– corresponderían a delitos de drogas. Se trata de las cifras más altas desde 2015, señala Amnistía que advierte, no obstante, que son datos a la baja. «La organización piensa que el número real es sin duda mayor», apunta.
«La oleada de muertes en Irán prosigue en 2024, con al menos 95 ejecuciones registradas hasta el 20 de marzo», señala Amnistía, que califica de «abuso de poder grotesco» este uso indiscriminado de la pena de muerte, un castigo, ha subrayado, que es ya de por sí «abominable en toda circunstancia».
«Las mortíferas políticas antidroga de Irán contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas, en particular la minoría baluchi oprimida de Irán», ha denunciado la directora general de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy.
Eltahawy también ha alertado de un aumento de la aplicación de la pena capital por delitos tales como «insultar al profeta», «apostasía» y otros tan ambiguos como «enemistad con Dios», o «corrupción en la tierra», lo que pone de manifiesto el desprecio cada vez mayor de las autoridades iraníes por los Derechos Humanos.
Por ello, Amnistía ha pedido a la comunidad internacional que aplique las medidas de presión necesarias contra Teherán para persuadirles de detener de manera «inmediata» todas las ejecuciones pendientes, en un momento en el que además la ONU vota esta semana si renueva los mandatos de su misión de investigación sobre Irán.
Amnistía ha explicado que este repunte de las ejecuciones en 2023 se ha producido en un contexto de protestas, en especial las que tuvieron lugar entre septiembre y diciembre de 2022 bajo el lema ‘Mujer Vida Libertad’, por lo que han acabado también por ser utilizadas como «herramienta de opresión política».
Asimismo, expone el carácter «discriminatorio» de este tipo de estrategia, pues el 29 por ciento de estas ejecuciones han sido aplicadas sobre personas de la minoría baluchi, que apenas representa el 5 por ciento de toda la población.
El pasado año también ha dejado un «espeluznante» aumento de la aplicación de esta pena sobre menores de edad, a quienes las autoridades iraníes falsifican la documentación para hacerles pasar por mayores de 18 años, ha contado la ONG
«Entre las ejecuciones se cuentan manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas oprimidas (…) las autoridades han instrumentalizado la pena de muerte en un intento de sembrar el miedo entre la población y reprimir la disidencia», ha denunciado la directora general de Amnistía para Oriente Próximo.
Eltahawy ha alertado de que en caso de que no se produzca una «respuesta global contundente», las autoridades de Teherán «no tendrán inconvenientes» para seguir aplicando «con total impunidad» la pena de muerta contra «miles de personas más» en los próximos años.
